En medio de las recetas de medicina amarga dictaminadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el pasado miércoles y tras una contrapropuesta lanzada por la Administración de Ricardo Rosselló Nevares el viernes en la tarde, se encuentra la gran interrogante de cómo Puerto Rico logrará el crecimiento económico que necesita.

Por un lado, la carta emitida por la JSF el miércoles establece los lineamientos que, a su juicio, el Gobierno de Puerto Rico debe seguir para lograr balancear su presupuesto en un periodo de dos años, incluyendo drásticos recortes en Salud, Educación, Retiro, una reforma gubernamental para atemperar el sector público a sus ingresos reales, y una reforma contributiva que inyecte fondos adicionales a un desangrado erario.

Por otra parte, la carta de Rosselló Nevares en reacción a la misiva de la JSF, establece que su administración buscará un acercamiento totalmente diferente, rechazando aquellos lineamientos propuestos por la Junta que están centrados en medidas de austeridad. Esto ya que el plan del gobernador, según ha reiterado, no contempla despedir empleados públicos, ni aumentar impuestos a la clase media y pobre.

Sin duda, más allá de la comunicación entre ambas partes,  tanto la Junta como Rosselló Nevares, buscan llevar un mensaje para las gradas en epico pulseo sujeto a múltiples niveles de interpretación.

Pero en el fondo, e independiente de las distintas visiones y posturas, Puerto Rico no se puede quedar sin hacer nada. Los números no mienten, más sí evidencian que el aparato público, tal y como está diseñado, ya no es viable.

La brecha fiscal de Puerto Rico, si no se toman medidas correctivas, se calcula en $7,000 millones anuales para los años fiscales del 2019 al 2026, según estableció la JSF en su carta del miércoles. Por cierto, $7,000 millones no caen del cielo, mucho menos anualmente por un periodo de 10 años consecutivos. De hecho, la última vez que Puerto Rico recibió una cifra parecida, fue en el 2009 cuando Estados Unidos destinó $6,887 millones en Fondos ARRA, inyección que, a pesar de servir como cojín para amortiguar la crisis, no detuvo la caída en espiral de nuestra economía.

Dicho esto, es evidente que los ajustes son necesarios. Cómo se hacen sin que hundan aún más nuestra maltrecha economía, es la gran interrogante que aquellos que lideran las finanzas públicas y las estrategias de desarrollo económico de Puerto Rico deben descifrar.

El economista Juan Lara, quien por cierto figuró entre las personas entrevistadas como potenciales candidatos para la Junta Fiscal, comentó recientemente en una columna de opinión  sobre los riesgos de hacer un ajuste fiscal de $4,500 millones en dos años, que en esencia es la correción propuesta por la Junta. En su análisis,  Lara levanta bandera sobre la receta de la JSF,  considerando que los ajustes macroeconómicos en los que embarcan aquellos países asistidos por el Fondo Monetario Internacional suelen darse a tres años y con algún mecanismo de financiamiento, elemento que no se está contemplando para Puerto Rico.

Nadie puede despintar que es ineludible cortar grasa. Pero hacerlo de manera drástica, sin ningún tipo de financiamiento, sin “rescate financiero”, con una abultada deuda, una economía en contracción, con recortes en salud y una población que sigue montada en la ola migratoria, representa un reto de proporciones épicas.

Para que Puerto Rico pueda encarrilarse y resolver su caos fiscal tiene que lograr, a toda costa, dos tareas: desarrollo económico e inyección de capital.  Cómo llegamos a ambas es la gran misión en la que todos nos tenemos que embarcar reconociendo que, en paralelo, tienen que venir acompañadas de disciplina fiscal. De un uso responsable e inteligente de los recursos que genera Puerto Rico.

En síntesis, ahora le toca al país encontrar un punto medio entre la receta de la Junta Fiscal y el plan de Rosselló Nevares.