En el debate reciente entre el Gobernador y la Legislatura sobre el aumento en el impuesto B2B, lamentablemente se dejan fuera elementos fundamentales que no están siendo atendidos por ninguna de las ramas.
Sin duda, resulta sensible oponerse a un incremento adicional al recién implementado impuesto a las transacciones entre los negocios (B2B). Sobretodo en momentos en que el sector privado se encuentra ahogado en una economía que lleva 10 años en contracción y con un panorama poco halagador, con proyección de crecimiento de negativo 2% para el próximo año fiscal, según las proyecciones más recientes de la Junta de Planificación.
Dicho esto, un incremento en el B2B que actualmente está en un 4% a un 10.5% en junio, propiciaría un nuevo golpe a una ya lacerada clase productiva, por lo que las enmiendas aprobadas por el Senado para derogar ese impuesto hacen todo el sentido del mundo.
Ahora bien. ¿Qué se hace entonces con los ingresos que se dejarán de devengar y que se habían presupuestado que entrarían a raíz del aumento en el B2B? Ya sean los $50 millones que proyecta el gobernador Alejandro García Padilla y el Departamento de Hacienda, o los $25 millones que alega el Senado, cuerpo que ya ha insinuado que los estimados del Ejecutivo suelen ser exagerados.
He aquí donde se pierde el norte. El Gobierno se queda en la pelea chiquita, sin atender el problema verdadero: Puerto Rico sigue teniendo un presupuesto que no se ajusta a la realidad económica del País.
El debate que urge o, más bien, la conversación que se debe dar entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que si se opta por dejar atrás un impuesto que ya se había acordado entre ambas ramas, con qué se van a sustituir esos ingresos o qué otras partidas se van a recortar para cuadrar caja.
Si bien es harto conocido que Puerto Rico no ha sido capaz de lograr en años una verdadera reforma contributiva justa y coherente, también se cae de la mata que el presupuesto se tiene que diseñar de manera responsable.
De cara a la confección de un nuevo presupuesto, la lógica apunta hacia recortes sustanciales, que sin duda, resultarán en despidos en el sector público. Pero hablar de eso en año de elecciones tiene un costo político y, los que están en carrera no quieren asumirlo. Nos toca a los ciudadanos, exigir transparencia y dejar de comprar la retórica deshonesta.