El caos y la falta de consenso que caracterizó el proceso de la frustrada reforma contributiva y que dejó al pueblo con un IVU agrandado, no debe pasar desapercibido.

Hoy día, cortesía de la garata gubernamental y las luchas de poder, estamos pagando los platos rotos con un impuesto en la venta de 11.5%. Lo peor de todo no es el pago de ese “sales tax”, sino que lo estamos pagando y muchos comercios se están embolsillando el dinero sin vergüenza alguna.

Eso es robo en cualquier liga y debe ser penalizado, independientemente de la empresa que incurra en tan asqueroso esquema. La palabra descaro se queda corta, considerando que ese IVU agrandado, cual engendro de la discordia, vino como un remedio a medias para una crisis fiscal que hoy día está en plena ebullición.

Jefes de familia, madres solteras y personas que recién perdieron sus trabajos aún no han cobrado el bono de Navidad por la falta de liquidez del gobierno, mientras empresas sin escrúpulos han retenido millones dólares en impuestos no remitidos al Departamento de Hacienda.

Todos sabemos que esto no es nuevo. Desde que se implementó el IVU en el 2006 los niveles de captación no han superado el 60%. Pero tras casi una década del impuesto a la venta e igual periodo de contracción económica con continuos problemas de liquidez, Puerto Rico no aguanta más esta falta de respeto.

Los impuestos no son una cosa bonita. Nadie disfruta pagarlos, sobre todo, cuando el dinero no siempre se utiliza de la manera más adecuada por parte del gobierno. Pero eso no le da derecho a nadie a robarle el dinero al consumidor.
Hacienda debe seguir a todo vapor con los operativos que ha estado llevando acabo recientemente embargando a negocios que no remiten el IVU. Debe utilizar todo el peso de la ley para asegurarse de que estas empresas, aun cuando estén corriendo a radicar procesos de quiebras para “protegerse”, remitan todo el dinero adeudado.

Más aún, Hacienda no le debe temer a ningún tipo de empresa, no importa su tamaño, influencia o capacidad de cabildeo, a la hora de realizar los embargos.

El consumidor no puede seguir pagando los platos rotos de esta detestable práctica y tampoco los empresarios que sí cumplen y pagan todos sus impuestos, ya que al final del día quedan en desventaja en relación con aquellas empresas que optan por robar.