La semana pasada  tuve la oportunidad  de moderarel Conversatorio con el Gobernador celebrado por la Asociación de Industrialesde Puerto Rico como parte de su convención anual.

Ejecutivos y empresarios de diversos sectores de la manufacturay  servicios indagaron con Alejandro García Padilla sobre temas comoenergía, permisos, incentivos a la empresa foránea versus la nativa,transparencia y salud, entre otros.

El tema energético, sin duda, fue uno de los más polémicos.Sin embargo,  un tema que salió a relucir durante el Conversatorio fue elde las compras locales y las leyes de preferencia, un asunto de sumaimportancia que, lamentablemente,  siempre suele pasar por debajo delradar.

El Gobierno de Puerto Rico gasta anualmente cerca de $2,000millones en la compra de bienes y servicios. No obstante, de esa colosal cifra,ni si quiera el 15% que exige la ley se destina   para la adquisiciónde  productos o servicios  del patio. 

Cuestionado sobre su visión y su meta para incrementar esa cifra,García Padilla dijo que el objetivo es exceder lo que exige la ley y llevar un30% esas compras para lograr   $600 millones en  2016.

Pese a que el Gobernador fue enfático en su apoyo a lo quese manufactura en Puerto Rico, el seguimiento y  la rendición de cuentassobre este asunto tiene que cobrar un rol protagónico. Muchos han sido losgobernadores que se han comprometido a incrementar su fiscalización sobre lasleyes de preferencia y en velar porque las compras del Gobierno destinen unaporción saludable a lo que se produce en casa. Sin embargo, muy poco se halogrado hasta la fecha. En los procesos de subastas aún reinan lasirregularidades y  el ‘panismo’,  y desafortunadamente  laempresa puertorriqueña sale perdiendo.

El apoyo a la empresa local mediante las compras delGobierno no debe ser visto como una obra de caridad, sino como una herramienta de desarrollo económico. En una economía que no está creciendo, elestablecer una política pública fuerte y sólida en pro de que el Gobierno compreproductos y servicios locales, tendría un efecto inmediato en el crecimiento dePuerto Rico y resultaría en beneficio de un  atribulado fisco.

Mientras más bienes y servicios locales compre el Gobierno,mayores son los  ingresos que  genera la empresa nativa y, comoconsecuencia, se viabiliza su crecimiento y aumentan las probabilidades de contratar más empleados. Esto a su  vez redundaría favorablemente enel  pago  de contribuciones, algo  que sería idóneo, sobre todoen momentos en los que se trata de cuadrar el presupuesto del País.