“Perdí en la gallera, mi gallo candela… Perdí en la gallera, mi tierra, mi finca, mi casa, mi perro, ay ombe…”

La pegajosa canción del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, que con su ritmo urgente y lírica de lamento enumera todos los bienes que perdió el protagonista de la historia por apostar en esa “maldita gallera”, podría encabezar la banda sonora de la más reciente película que vive Puerto Rico.

La aprobación del Congreso de la Ley Agrícola la semana pasada tiene el efecto de prohibir las peleas de gallos. Esto, ya que en sus más de 800 páginas el proyecto convierte en ilegal ese deporte en Puerto Rico y en los territorios, equiparándolos a la reglamentación vigente en los 50 estados. Acto seguido, se revolcó el gallinero.

El proyecto, que ahora espera por la firma del presidente Donald Trump, ha generado pasiones a favor y en contra de la prohibición. Por un lado, ha despertado la indignación y defensa de políticos, dueños de galleras y criadores de gallos, por mencionar algunos, quienes argumentan que se trata de una industria que genera entre $80 y $100 millones anuales.

En otras palabras, a diferencia de la canción de Juan Luis Guerra, ahora quien pierde no es el que apuesta, sino toda una industria cuyo eje gira alrededor de unas 80 galleras alrededor de toda la isla.

Algunos le achacan la prohibición a la situación colonial de Puerto Rico, mientras que otros dicen que de Puerto Rico ser un estado, podría mantener las peleas. Esta teoría, sin embargo, carece de argumentos sólidos, considerando que en ninguno de los estados se permiten las peleas de gallo.

También emerge el debate de las peleas en el clandestinaje tras la prohibición, así como la posible intervención de fiscalía federal para contrarrestarlas. Esto no debe sorprender. En el estado de Massachusetts, donde las peleas de gallos se prohibieron en 1836, tan reciente como en mayo de este año, según el Boston Globe, las autoridades confiscaron 400 gallos en una finca de 58 acres en Northampton que eran utilizados en peleas ilegales. En dicho estado, quienes comentan este delito se exponen a una pena de cinco años de cárcel y una multa de $1,000.

Quienes se oponen a las peleas de gallos, incluyendo Humane Society, entidad que aboga por los derechos de animales y que cabildeó agresivamente para lograr la prohibición en los territorios,   lo ven puramente como un tema de crueldad y buscan eliminar esa actividad.

De convertirse en ley la prohibición, el gobierno daría un año para que entre en vigor. Hay quienes abogan por cabildear durante ese año para que se exima a Puerto Rico de la limitación. Pero, independiente de la postura de cada cual, ¿no es tiempo de analizar qué alternativas hay si,  en efecto,  se concreta la prohibición?

Toda industria enfrenta retos y evoluciona. A otras se le cierra la llave, como a todas luces pasará con las peleas de gallo. Más allá del lamento y la resistencia, sería idóneo comenzar a pensar en un plan “b”. Pensar en cómo se pueden adaptar esas estructuras que hoy se utilizan para las peleas para darle un uso distinto. Auscultar qué otros nichos pueden adoptar quienes hoy se dedican puramente a la crianza de los gallos para las peleas.

Podría parecer ilógico equiparar el fin de la Sección 936 con la prohibición de las peleas de gallos. Sin embargo, es harto conocido que el gran fallo con ese incentivo a la manufactura fue que se cabildeó para retenerlo y no se pensó en una ruta alterna para desarrollar otros sectores o actividades que enriquecieran nuestra economía.

Al final de la canción, Juan Luis Guerra lo pierde todo. Se queda sin su “almohada, su techo, su alma y hasta su morena”. Ese merengue, aunque agitado y rítmico, nunca sale del lamento. Ojalá que el sector de los galleros no se quede en similar sollozo y se abra paso hacia la búsqueda de rutas alternas.