Puerto Rico atraviesa una coyuntura atípica. La isla se apresta a recibir una inyección sustancial en fondos federales por la emergencia que podrían sobrepasar los $16,000 millones en una primera etapa, pero al mismo tiempo se encuentra inmersa en una crisis de liquidez, cuya profundidad ahora es objeto de debate entre el gobierno local y el federal.

Por un lado, sigue vigente la amenaza que se hiciera el jueves pasado ante la jueza Laura Taylor Swain sobre un posible racionamiento del servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la entidad no recibir un préstamo de $1,000 millones para mejoras en infraestructura.

La jueza denegó la petición tras no ver prueba suficiente de que la corporación pública necesitara dicha cantidad.

Sin embargo, la Taylor Swain abrió la puerta para que el gobierno de Puerto Rico solicitara un préstamo de menor cuantía y el próximo martes evaluará si le avala una línea de crédito de $300 millones.

Por otro lado, sigue pendiente la famosa línea de crédito de los $4,700 millones que aprobó el Congreso en octubre del año pasado, pero que sigue aguantada por el Tesoro de los Estados Unidos.

El gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que una vez lleguen los fondos federales, esa inyección servirá como el respiro que Puerto Rico necesita para levantar su economía, mientras que, en paralelo, se realizan las reformas estructurales necesarias en las áreas de energía, salud, educación y sistema contributivo.

En síntesis, nos encontramos en una coyuntura matizada por dos fuerzas protagónicas: los fondos federales y las reformas estructurales. La primera no la controlamos. La segunda, en teoría, sí.

Para los fondos federales, se puede cabildear, influenciar, pedir y hasta rogar. Pero al final del día, esas asignaciones no están en nuestras manos. Incluso, el tiempo en el que llegarán esas partidas que ya han sido aprobadas no está bajo el control de Puerto Rico.

En cambio, para las reformas estructurales tenemos autonomía. Solo falta voluntad. No solo del gobierno, sino también del pueblo. En Puerto Rico, tanto el gobierno, como el sector privado y la ciudadanía, se han resistido al cambio por demasiado tiempo.

Es hora de encaminar esas restructuraciones y reformular un sistema de educación quebrantado, un sistema de salud que sin fondos federales no puede operar, un sistema contributivo que castiga al que más trabaja.

Del pueblo tiene que haber la apertura necesaria para la transformación y del gobierno tiene que emanar una transparencia total para encaminarla.