¿Quedarse o marcharse? Esa es la incómoda pregunta que muchos puertorriqueños se siguen haciendo tras el paso de María y el lento proceso de recuperación, cual película de horror que repite sus escenas en cámara lenta.

Pero mientras muchos profesionales y empresarios toman la dura decisión de marcharse –acción que no debe ser juzgada–, otros han optado por ver la oportunidad que representa la reconstrucción.

Hoy en nuestra portada de la revista Negocios de El Nuevo Día, la periodista Rut Tellado entrevista al inversionista británico Keith St. Clair, uno de los cientos de inversionistas que, antes del huracán, llegaron a la isla seducidos por los incentivos que ofrecen las leyes 20 y 22, y que tras el paso del ciclón han optado por redoblar esfuerzo y seguir construyendo proyectos en Puerto Rico.

En el caso de St. Clair, quien ha invertido millones en restaurar el antiguo ESJ Tower en Isla Verde y en paralelo construye dos nuevas propiedades en esa zona, al igual que un estudio fílmico en Miramar y otro proyecto turístico en Fajardo, el empresario ahora revela los planes para un proyecto en la montaña que promete convertir a Cayey en un imán para la industria del visitante.

Hablar de empresarios que han llegado a la isla por la Ley 22 levanta pasiones y detona posturas encontradas. Unos critican la ley por darles un tratamiento contributivo favorable a inversionistas de afuera mientras el puertorriqueño que vive aquí se queda con una carga tributaria onerosa. Otros la ven con buenos ojos, porque trae a la isla una inyección de capital que de otra forma no hubiese llegado.

Ambas visiones tienen argumentos de peso que validan el debate.
Sin embargo, Puerto Rico se encuentra más dividido que nunca, en una avenida obstaculizada por una polarización en la que perdemos de vista cuáles son las verdaderas oportunidades que tenemos para salir del hoyo.

Nos enfrascamos en el debate de cuál de estas dos visiones debe prevalecer, cuando en realidad debemos estar mirando la combinación de ambas –incentivo al inversionista foráneo y e impulso al empresario local– como la fórmula para levantar al país.

Puerto Rico tiene que seguir promoviendo la llegada de aquellos inversionistas que realmente vienen a la Isla para invertir, crear riqueza, generar empleos y propiciar la transferencia de conocimiento.

Eso, sin duda, debe ir acompañado de reformas estructurales que liberen al puertorriqueño de las dolorosas trabas en permisología y la excesiva carga contributiva que disuade y dificulta el desarrollo de los negocios locales.

Si logramos esta última, le daremos más razones para quedarse a una clase empresarial que aún no ve la luz al final del túnel.