Un pequeño empresario en Viejo San Juan montó un negocio a principios de este año y pese a que tenía todo listo para arrancar, estuvo meses pagando alquiler sin poder abrir las puertas de su nuevo local. La razón: un permiso que quedó preso de la burocracia del Instituto de Cultura.

Un multimillonario inversionista, quien llegó a Puerto Rico por las Leyes 20 y 22, se vio en la necesidad de mejorar la infraestructura de agua potable que conectaba a su desarrollo. Propuso pagar toda la inversión, lo que en esencia sería beneficioso para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ya que el ente público no tendría que poner ni un centavo y, a cambio, recibiría una mejora gratuita a su infraestructura. El empresario, aun gozando de las mejores conexiones en las esferas de poder, tardó dos años en lograr el proyecto. La razón: choques en los procesos de trámites de permisos entre el municipio y el Estado.

Ambos casos son capaces de llenar de indignación a cualquiera. Pero lamentablemente, ninguno debe sorprender en una isla donde el laberinto burocrático, hace ya muchos años, se pavimentó como la ruta obligada y rito de paso para gran parte de la clase empresarial en Puerto Rico.

Si bien el tema ha sido denunciado en innumerables ocasiones y múltiples administraciones han tratado de atenderlo mediante fallidas reformas que se quedaron a mitad de camino, la coyuntura actual pide a gritos un salto cuántico hacia la solución, de forma tal que el sector privado pueda asumir su cuota en la carrera hacia la recuperación.

Hoy en portada de la revista Negocios de El Nuevo Día, nuestra periodista Joanisabel González entrevista a los profesores Juan Lara y Francisco Catalá, ambos eminencias en materia económica, quienes analizan los retos que encara Puerto Rico al inicio de este nuevo año fiscal. Hace nueve días, la isla recibió el año con un nuevo presupuesto restringido bajo los poderes de PROMESA, sin acceso a los mercados para ayudar a financiar la actividad gubernamental y con múltiples riscos fiscales en el horizonte.

En otras palabras, el sector público se quedó sin efectivo, no hay inyecciones sustanciales en la mirilla que puedan mitigar los pronósticos adversos de contracción económica y muchos miran al sector privado como la alternativa para sacar a Puerto Rico a flote.

Pero para que esto suceda es necesario liberar los escollos que pesan sobre la clase empresarial productiva. Y esto no se hace dándole más incentivos, sino eliminando las trabas que inmovilizan la producción. Eso es un trabajo que tiene que hacer tanto el Estado como los municipios. Pero por demasiado tiempo, tanto el Estado como los ayuntamientos han estado enfrascados en una desenfocada lucha para subsistir y mantener sus abultadas estructuras, pasándole la factura al sector privado para lograrlo. Vale la pena recordar que la viabilidad del sector público no puede venir a costa del sector privado. Su función tiene que ser de facilitador.

Asimismo, con una Junta de Supervisión Fiscal que se ha quedado corta en su misión, es vital reclamarle a ese ente –que pagamos nosotros los puertorriqueños– que pongan al tope de su lista de prioridades el ser un verdadero facilitador de desarrollo económico. Con la Junta, la narrativa se ha quedado estancada en el Título III de la ley federal PROMESA para reestructurar la deuda y casi nadie habla del Título V para viabilizar la revitalización de la infraestructura vital.

De igual forma, el famoso informe del “task force” creado por PROMESA sobre desarrollo económico parece haberse quedado cogiendo polvo. Fuera de los esfuerzos de seguimiento que le ha dado a dicho informe la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, es muy poco lo que se escucha sobre cómo podemos potenciar las recomendaciones esbozadas en ese documento para viabilizar el crecimiento a nivel local.

Y si bien es vital facilitar el camino para que el sector privado pueda crecer e impulsar nuestra atribulada economía, también es vital reconocer que el propio sector privado fracasó en llevar un mensaje fuerte y coherente sobre nuestras oportunidades para salir adelante. Sin duda, la Coalición del Sector Privado ha logrado algunos aciertos al aglutinar diversos grupos e impulsar temas medulares para el desarrollo de Puerto Rico. Sin embargo, por demasiado tiempo el sector privado anduvo fragmentado, cada cual velando por sus respectivas fincas, pidiendo incentivos y sin tener como norte el bien colectivo, que al final del día, es lo que beneficia a todos.

Que el nuevo año fiscal sirva para aprender de nuestros errores, reconocer los colosales retos que enfrentamos y entender que si no nos movemos con celeridad y de manera estratégica, fácilmente podríamos terminar otra década más sumidos en la contracción.