Mañana, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tendrá su quinta reunión oficial desde que se creó la criatura federal engendrada por PROMESA.

Tras días de intensos debates, careos y discrepancias sobre los números, proyecciones y supuestos esbozados en el Plan Fiscal que elaboró la administración de Ricardo Rosselló Nevares, todo apunta a que la JSF certificará el plan que ellos entienden idóneo para cuadrar la caja y restablecer disciplina fiscal, así como encaminar el proceso para restaurar el acceso crediticio.

En esencia, la semana pasada la JSF le dijo al Gobierno de Puerto Rico que su Plan Fiscal no cumplía con los requisitos de PROMESA y que el mismo estaba cimentado sobre proyecciones demasiado optimistas. La JSF pidió recortes de $4,500 millones de aquí a 2019, mientras que el Plan Fiscal de Rosselló pide recortes de $3,315 millones. Al final, la Junta rechazó el Plan.

Pero independientemente del aparente choque de visiones que han demostrado ambos bandos hay dos cosas que no deben pasar desapercibidas. La primera es que el plan que se certifique mañana, aun si es el “plan de la Junta”, tendrá que ser implementado por el Gobierno local.

Primero, ambos bandos, tanto la JSF como el Gobierno, tendrán que seguir trabajando mano a mano para ejecutar lo que a todas luces será una Ley 7 en esteroides, pero sin fondos ARRA y carente de acceso a los mercados.

Lo segundo, y probablemente lo más importante, es que hasta ahora el tema de cómo restaurar el desarrollo económico que Puerto Rico necesita ha estado peligrosamente ausente de la narrativa.

Podemos tener toda la disciplina fiscal del mundo –y de hecho, debemos encaminarnos hacia eso– pero si no hay actividad económica, al final del día nuestra Isla quedará desierta de capital humano, intelectual y monetario.

La receta idónea sería un plan que combine una buena dosis de disciplina fiscal con una inyección fuerte de capital para estimular la producción. Diversos economistas han planteado que para que Puerto Rico logre crecimiento, necesitaría inyección de capital por la vecindad de los $10,000 millones anuales por un periodo prolongado.

Sin duda, la parte de disciplina fiscal está contemplada bajo los requisitos que ha impuesto la Junta e incluso bajo las medidas contempladas en el plan de Rosselló.

Pero la parte de desarrollo económico sigue ausente, con un Washington D.C. que entiende que con PROMESA ya cumplió su cuota con Puerto Rico.

En ese escenario Puerto Rico tiene todas las de perder. Por ende, necesitamos lograr aliados con los galones necesarios para hacerle entender al Olimpo que sin crecimiento económico, los bonistas tampoco cobran. El reto radica no solo en cómo conseguir esos aliados, sino en cómo llevar ese mensaje de manera fuerte y contundente desde un Puerto Rico en extremo fragmentado y polarizado.

No nos llamemos a engaño. Los ajustes y la disciplina fiscal tienen que darse. El pueblo está claro sobre este particular. Pero medicina amarga sin antídoto para crecer no nos sacará del abismo. Esa receta no funcionó en el pasado y no hay evidencia que demuestre que ahora funcionará.