A 48 horas de que venza el plazo para que el Gobierno de Puerto Rico someta el plan fiscal a la Junta de Supervisión Fiscal (JFS), quedan múltiples interrogantes sobre cómo se ejecutarán los monumentales ajustes que, a todas luces, tendrá que hacer la Isla a modo poder seguir operando, proveyendo los servicios esenciales y cumplir con sus acreedores.
Independientemente de lo que se hable sobre el rol de la JSF en todo el proceso, Puerto Rico no se puede llamar a engaño. Los ajustes tenían que darse, con o sin Junta. La evidencia más clara se refleja en la crítica situación que encaran los sistemas de retiro, cuyos fondos, de no tomarse acción, están próximos a agotarse.
Esto tendría repercusiones nefastas sobre cientos de miles de puertorriqueños, considerando el efecto en cadena que tendría el que esa población se quede desprovista.
Hoy en la revista Negocios de El Nuevo Día, nuestra periodista Joanisabel González aborda el complejo tema de las pensiones e indaga sobre los diversos escenarios que podrían suscitarse si no se atiende el asunto con la importancia y premura que merece.
Desafortunadamente, en países y jurisdicciones que han experimentado crisis de deuda similares a las de Puerto Rico, ha quedado evidenciado que los planes de pensiones de los trabajadores en esos lugares no han salido ilesos.
En Detroit, por ejemplo, como parte del proceso de la quiebra de esa ciudad, las pensiones sufrieron recortes de 4.5%. Adicional, experimentaron recortes en beneficios de salud y se eliminaron los ajustes por costo de vida.
Los pensionados de Detroit han ido a corte para retar la decisión sin tener éxito, ya que el sistema judicial le ha dado más peso al bien colectivo de toda la ciudad que a una parte de ese colectivo.
El gran reto en Puerto Rico, sin embargo, es que casi la mitad de los pensionados boricuas reciben $500 mensuales. Eso son $6,000 al año. En contraste, el promedio anual en el pago de pensiones en Detroit son $30,000. Muchos podrán argumentar que el ingreso per cápita en Puerto Rico es más bajo, o incluso cuestionar el por qué nos tenemos que comparar con ciudades o estados de Estados Unidos. Pero independiente de ese análisis, es necesario cuestionar quién puede vivir con $500 al mes.
Entonces, ¿cómo resolvemos el tema de la pensiones, en un ambiente donde nadie quiere que se le toque o se le recorte su presupuesto? ¿Cómo allegamos liquidez de manera inmediata a los sistemas de retiro? Aunque las Alianzas Público Privadas Participativas han surgido como opción con la nueva ley que permitirá destinar un 25% de los ingresos de esas alianzas a las pensiones, esas transacciones toman tiempo.
La realidad es que Puerto Rico necesita $1,500 millones anuales para pagarle a sus pensionados y los necesita ya. Eso es casi una quinta parte del Fondo General.
Con este panorama, todo apunta a que tanto los pensionados como la población en general pagará el precio de no haber atendido el tema a tiempo, y de por años haber legislado beneficios sin tomar en consideración las fuentes de repago o la situación actuarial. Lo triste del caso es que pese a las advertencias que se venían ventilando por años, no se tomaron las acciones requeridas para revitalizar las pensiones, más allá de parches y ajustes que evidentemente fueron insuficientes.
Entre las potenciales y dolorosas alternativas para solventar las pensiones figuran aumentar impuestos, incrementar la edad de retiro, subir los niveles de las aportaciones al sistema, las mencionadas APP e incluso la posible venta de los pocos activos que quedan.
No hay escapatoria. El golpe será duro y costará. Ojalá en el proceso hayamos aprendido la lección e internalicemos que además de solucionar el tema a corto plazo, en paralelo, tenemos que reformular el sistema y transformarlo en uno que funcione adecuadamente para servir a nuestros viejos de ahora y a nuestras futuras generaciones.