Más allá de alarmar, los recién revelados números del gobierno de Puerto Rico, que apuntan hacían una deficiencia en caja de $1,214 millones para febrero de 2017, deben servir como punto de partida para comenzar a reestructurar la deuda y así encaminar  la tortuosa ruta hacia la recuperación de la Isla.

El informe de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (AAFAF) divulgado esta semana, que también arroja que para finales de este año fiscal la brecha deficitaria será de  $2,181 millones, no debería tomar por sorpresa a muchos,  considerando los raquíticos números y los índices que se han venido reportando en meses recientes.

Alrededor de  $69,000 millones en deuda; un  plan de salud en ruta hacia un precipicio fiscal; los planes de retiro en estado crítico; y la incertidumbre sobre el crédito al impuesto a las foráneas,  son solo algunos de los graves problemas que encara Puerto Rico, aderezados por una contracción económica y una ola migratoria que sigue erosionando un ya  deplorado Erario.

La  Junta de Supervisión Fiscal se reunirá  mañana en el Conquistador y recibirá más detalles sobre este informe. Sin embargo, la mayoría de los  miembros de la JSF ya tiene suficiente conocimiento sobre las atribuladas finanzas del aparato gubernamental.  Ahora bien, los números, ya develados ante el pueblo, sí deben servir para comenzar a negociar el recorte en la deuda que Puerto Rico necesitaría para maniobrar, al tiempo que pone la casa en orden y logra generar desarrollo económico.

Las cifras, por más alarmantes que suenen, no deben ser excusa para no pagar la deuda.  Sin embargo,  expertos tanto en nivel local como de afuera coinciden en que Puerto Rico necesita un recorte en su deuda. Y ese recorte debe ser lo suficientemente justo para que los acreedoras puedan recobrar parte de su inversión, pero también para que la Isla pueda tener el respiro necesario para encaminar sus finanzas y viabilizar su ruta hacia el crecimiento. Al final del día, si ese crecimiento económico no se materializa, será muy poco lo que puedan recobrar los acreedores.

¿Qué falta?

De cara a una reestructuración de la deuda, Puerto Rico necesita, más allá de cifras, un análisis de sostenibilidad de la deuda.

En 2005, el Banco Mundial desarrolló lo que se conoce como el  Debt Sustainability Framework (DSF), un estudio diseñado para guiar la toma de decisiones de países con poca capacidad de ingresos, tomando en cuenta su endeudamiento vis a vis su capacidad  para repagar la deuda en la que se incurre.

El DSF, según explica el propio Banco Mundial,  es un examen estructurado que analiza el peso de la deuda sobre ese país, la  proyección de esa deuda a 20 años, y su vulnerabilidad a los choques que puedan ocasionar las políticas tanto endógenas como exógenas. Ese examen también ofrece recomendaciones para limitar riesgos relacionados incurrir en deudas demasiado abultadas.

Este tipo de análisis, en estos momentos, se realiza para países como Grecia, Belice y Nigeria, por mencionar solo algunos.

Puerto Rico necesita comenzar un proceso de renegociación de su deuda con un instrumento o un análisis como el que provee el  DSF. Esto porque si la Isla negocia un recorte que no sea el adecuado, al cabo de cinco años podríamos estar en una situación más precaria aún.

Un recorte leve en la deuda a cambio de que nos den efectivo ahora, para pagar en cinco años a tasas altísimas, solo servirá para aplazar el problema y extender la crisis.

Puerto Rico tiene que buscar la forma de mirar modelos como los del Banco Mundial y adoptar las mejores prácticas y herramientas para sumergirse en una negociación que propicie una verdadera solución a la crisis fiscal.

Sin duda, esto tiene que venir acompañado de un uso adecuado de fondos públicos y de viabilizar las reformas adecuadas para propiciar el crecimiento económico, así como garantizar la salud y el bienestar de nuestros niños y retirados.