La paralización temporera de Uber en Puerto Rico, al igual que los actos violentos protagonizados por los taxistas en repudio a dicho servicio, van en dirección contraria a esas ventajas de hacer negocio en nuestra Isla que tanto promulga el gobierno. Peor aún,  cierra parcialmente la llave a la oportunidad de seguir innovando, de seguir creando actividad económica y de buscar mejorar nuestro ineficiente sistema de transporte colectivo.

En momentos en los que Puerto Rico busca con urgencia fomentar la innovación y atraer nuevos agentes catalíticos para reactivar nuestra atribulada economía, ponerle un freno al progreso de manera tan atropellada,  nos aleja de lo que debería ser nuestro norte.

Esto no significa en lo absoluto que Uber sea la salvación, ni mucho menos la hermana de la caridad que viene a Puerto Rico con la misión altruista de  darle empleo a miles de boricuas. Hay que dejar algo claro. Uber viene aquí a hacer dinero, de la misma forma en que busca hacerlo en todos los mercados donde entra.

Pero el  proceso de atender la llegada de un jugador como Uber ha sido caracterizado por falta de transparencia y de certeza, dos grandes enemigos  para todo el que busca hacer negocio y generar riqueza.

Así las cosas, la manera en la que el gobierno atiende la entrada de herramientas innovadoras como Uber, debe ser repensada.

Uber, cual niño símbolo de la economía colaborativa, hizo su esperada entrada a Puerto Rico el lunes pasado, causando revuelo y controversia, algo a lo que dicha multinacional ya está acostumbrada.

Fundada en San Francisco en el 2009, Uber arrancó en Puerto Rico ofreciendo recorridos gratuitos durante sus primeras 48 horas de operación en el área metropolitana. Antes de concluir el periodo de trillas libres de costo, ya se habían reportado incidentes violentos de taxistas tirando peñones y amenazado  a personas guiando autos bajo la plataforma de Uber  e incluso a algunos  ciudadanos particulares que sencillamente estaban dejando a familiares o amigos en zonas turísticas.

En paralelo, se desarrolló una trifulca legal de marca mayor que apenas comienza. La Comisión de Servicio Público (CSP) radicó un  interdicto con el objetivo de que  Uber paralizara su operación, indicando que habían comenzado en la Isla sin el permiso de agencia alguna. La CSP reclamó jurisdicción sobre Uber, aun cuando la propia política pública del Estado ya había establecido que sería el Departamento de Transportación y Obras Públicas  (DTOP), la encargada de regular a aquellas empresas que ofrecen servicios como Uber.

El viernes en la noche, el tribunal ordenó la paralización de Uber en Puerto Rico, casi al mismo tiempo en que el DTOP le había otorgado un permiso provisional para que operara.

El DTOP actuó de manera tardía y negligente. Para entender esto,  es importante recalcar que la política pública del gobierno  de Puerto Rico es a favor de que empresas como Uber puedan ofrecer servicio de transportación en la Isla.

Esa política pública de la administración actual determinó que sería el DTOP quien regularía a lo que se ha clasificado como Empresas de Red de Transporte (ERT), renglón donde cae Uber. El DTOP se ampara en la ley 148, que en el 2008 le  transfirió a esa agencia la regulación y planificación de la  transportación provista por vehículos públicos y taxis no turísticos, que antes estaban bajo la jurisdicción de la CSP.

Entonces, por qué a estas alturas el DTOP no ha emitido el reglamento para regular a las  ERT?  Por meses, nuestros periodistas en la sección de Negocios han estado increpando sobre este tema, a lo que el DTOP, en repetidas ocasiones, se había limitado a decir que el reglamento estaba en proceso, pero que aún no estaba listo.

También es necesario cuestionar la insistencia de la CSP en querer regular algo que ya el propio Estado le había dicho que no le tocaba.

La jueza Rebeca de León, quien vio el caso en el Tribunal de San Juan,  abonó a la discordia, indicando el viernes en la tarde que se reservaría el fallo en el caso de Uber hasta esta semana, pero horas después optó por emitir una sentencia paralizando las operaciones de Uber en Puerto Rico. En el proceso, la determinación de la jueza dejó  a muchos ciudadanos a píe, sobre todo a aquellos que  habían tomado Uber esa noche  y luego tuvieron que recurrir a amistas, familiares y a las tarifas más caras de los taxistas, para regresar a sus hogares.

Mientras, el Departamento de Justicia botó la bola, al no tomar cartas en el asunto y dejar que la trifulca legal se disputara entre la CSP y Uber, cuando ya la política pública del gobierno había determinado que las Empresas de Red de Transporte serían reguladas por el DTOP.

En resumen, esto se ha manejado peor que una comedia televisiva ochentosa de bajo presupuesto. Y el protagonista principal en este bufonesco desfile  ha sido la falta de transparencia.

Mientras, la opinión pública se ha dividido en dos facciones.  Un sector que apoya a Uber por la alternativa económica de transporte que ofrece y porque representa  una nueva fuente de ingreso para  cualquier conductor que se quiera unir a la red. Otro sector lo repudia ya que ve a Uber como el gran monstruo corporativo que viene a exprimir las ganancias de los que guíen con la aplicación y a serrucharles el palo a los taxistas.

Independiente del bando en el que usted se encuentre, sepa que Uber es sólo uno de los protagonistas de la creciente economía colaborativa o sharing economy,  una modalidad  que  se propaga con velocidad por todo el planeta y en la cual Puerto Rico está participando activamente con plataformas como Airbnb y, hasta el pasado viernes, Uber.

Por cierto, Airbnb, plataforma que  permite a las personas arrendar sus hogares y propiedades por tiempos cortos mediante el uso de una aplicación tecnológica,  sigue creciendo en Puerto Rico  a pasos agigantados. Incluso representa una fuente de ingreso para personas que han perdido su empleo y no tienen como pagar su hipoteca.

Precisamente, un nuevo estudio reseñado en la revista Negocios de El Nuevo Día, preparado por Foundation for Puerto Rico, arroja luz sobre los beneficios de la economía colaborativa, no solo para empresas como Uber y Airbnb, sino también para sus competidores, incluyendo los taxistas.

Y hablando de los taxistas, quienes por mucho tiempo han dicho que van a lanzar una aplicación para competir con Uber, sería interesante ver cómo dicha aplicación será regulada.

Sin duda, el que los taxistas utilicen la tecnología para mejorar su servicio y sus tarifas, es algo sumamente positivo para Puerto Rico. Pero surge la interrogante de quién asumirá la jurisdicción de ese servicio que buscan ofrecer los taxistas, cuando el Estado ha dicho que los servicios tipo ERT serán regulados por el DTOP.  ¿Saldrá el DTOP a asumir la jurisdicción? ¿Le paralizarán el servicio a los taxistas porque aún no hay un reglamento final que regula a los ERT?  Sería una pena.

Pero, volvemos, la falta de transparencia, el choque de egos y la carencia de certeza siguen limitando nuestras oportunidades de crecimiento como sociedad.  Al final del día, se trata de una nueva forma de hacer negocios. Una economía colaborativa en las que todos podrían y deberían participar.

Y este debe ser el norte. Buscar cómo todos, desde  consumidores y taxistas hasta empresas como Uber, puedan participar de una economía  que facilita la generación de actividad económica para todo aquel que esté dispuesto a participar en ella.

No cabe duda de que es necesario examinar la regulación vinculada a empresas como Uber y de que es vital crear certeza y dejar las reglas claras. Pero esto no puede ser  sinónimo de ponerle  un freno a la innovación y de cerrarle las puertas a Puerto Rico en la generación de nuevas avenidas de desarrollo económico.