El escándalo por la investigación federal en los  Centros de Servicio al Conductor (Cesco), al igual que la controversia  por el aumento salarial ordenado para el director de la  Autoridad de Edificios Públicos (AEP), son evidencia contundente de que el Gobierno necesita con urgencia un reingeniería total. 

Esto si es que queremos que Puerto Rico pueda solucionar su compleja situación fiscal.

En el caso de los Cesco, se reveló que  gobierno pudo haber perdido millones de dólares, cortesía de un esquema de fraude en el cual, presuntamente, empleados de gobierno borraban las multas de tránsito a algunos  ciudadanos a cambio de dinero. 

Lo triste del caso es que la investigación que provocó     el allanamiento de los federales en los Cesco inició en el 2009. Mientras, muchos dicen que este esquema es de toda la vida. En otras palabras, todo apunta a que por años hemos tenido una “pluma abierta” donde se ha estado perdiendo dinero por la vía de un esquema fraudulento.

¿Por qué  no se descubrió antes? Sencillo. Falta de una supervisión adecuada. ¿Dónde estaban los que supervisaban a estos presuntos malandros cuando burlaban el sistema por tanto tiempo? El fallo es inaceptable y la solución descansa en una reingeniería profunda de cómo operan los Cesco.  

Cualquiera que ha entrado a un Cesco, se ha topado con kilométricas filas y una burocracia agobiante. Hay empleados  eficientes y hay  empleados que no rinden el servicio adecuado. Es más que obvio que la solución está en administrar el recurso humano como Dios manda, potenciar a los servidores que hacen bien su labor, penalizar a aquellos que no,  y establecer los controles necesarios para que viabilizar un servicio  eficiente.

En el caso de AEP, si bien la controversia se desató por el aumento de salario en plena crisis fiscal, el problema es más grave que eso. Según información publicada por este rotativo, en los últimos siete años, esa corporación pública ha perdido alrededor de 400 empleados, pero sus gastos operacionales se triplicaron en cinco años, escalando  de $50 millones en el año fiscal 2009 a $143 millones para el fiscal en curso. 

Es necesario entonces cuestionar dónde han estado los controles y prácticas de sana administración de esta entidad, que de paso, ni tan siquiera tiene un registro al día del valor de sus propiedades.

Así las cosas, estos son apenas dos ejemplos que evidencian que no importa cuántos impuestos y emisiones de bonos se hagan en Puerto Rico, la situación fiscal no se resolverá hasta que no se establezcan los controles necesarios para administrar adecuadamente  el gasto público.