No todos los jueces coinciden en aquello de que un juez no debe creer algo que nadie más creería.

Al menos tres jueces del Tribunal de Apelaciones prefirieron creerle, al menos de momento, al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en lo que se refiere a su participación como elector en la selección de seis cabilderos pro estadidad.

Rosselló Nevares, inscrito como elector en Virginia desde la segunda mitad de 2019, no solo votó por correo en la consulta efectuada en mayo pasado, sino que también fue elegido como candidato “write-in” a uno de los seis puestos. Tanto su ejercicio del voto en Puerto Rico, donde ya no tiene residencia ni domicilio, como su elección como cabildero,  fueron impugnados con éxito en el Tribunal de Primera Instancia.

En su testimonio ante la jueza Rebeca de León, Rosselló Nevares dijo que no recordaba haberse inscrito en Virginia y dio una dirección en Puerto Rico como su domicilio actual.

La jueza de León, al descalificar a Rosselló Nevares, repitió en su sentencia lo que el Tribunal Supremo planteó hace años en una opinión del ya fallecido juez asociado Raúl Serrano Geyls, que un juez no debe creer algo que nadie más creería.

Los abogados del ex gobernante acudieron por un lado al Apelativo y por el otro al Supremo. El panel de tres jueces de apelaciones accedió a ver el caso y permitió que, mientras tanto, Rosselló Nevares fuera certificado como electo. Hasta hoy temprano, el Supremo no había respondido al pedido del apelante de que asumiera jurisdicción.

Tal acción salvaría a los jueces de apelaciones de tener que resolver a favor o en contra de Rosselló Nevares, pero colocaría a los del más alto tribunal en la misma disyuntiva.

Seis de los ocho miembros actuales —hay una vacante tras el retiro de Anabelle Rodríguez— fueron nombrados por el exgobernador Luis Fortuño y se les identifica popularmente como simpatizantes del Partido Nuevo Progresista, el que llevó en los comicios de 2016 a Rosselló Nevares a la gobernación, a la que renunció en agosto de 2019.

Sea en el Apelativo o en el Supremo, nadie debe dudar que el caso es una papa caliente para cualquier juez, sobre todo porque la dura advertencia de Serrano Geyls pende sobre ellos como si estuviera escrita en piedra.

Está en juego la credibilidad de los jueces. La del apelante se quedó enredada en aquel infame chat de Whatsapp.