Faltan 20 meses para las elecciones de 2020 y Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal y económica persistente que no se arreglará con la ley Promesa, pero tampoco sin ella, independientemente de la Junta de Supervisión Fiscal.

Es así de simple. O de complicado, según el grado de responsabilidad que sientan todos los que tienen que ver, de una u otra forma, con la crisis y la búsqueda de soluciones.

En lo que parece haber consenso es en que la Junta Fiscal –con sus miembros nombrados de manera inconstitucional, como acaba de afirmar el Circuito de Apelaciones de Boston— ha sido insustancial en su misión de enderezar las torcidas finanzas boricuas.

Estábamos en quiebra cuando el Congreso aprobó Promesa y el entonces presidente Barack Obama designó a los siete integrantes del organismo. Y seguimos en quiebra, hay quien dice que peor que entonces, cerca de tres años después.

Eso sí, se han llevado una buena tajada en gastos, incluidos los multimillonarios contratos legales y administrativos.

El gobernador Ricardo Rosselló ha estado en guerra con la Junta casi desde que asumió el cargo en enero de 2017. Le ha sido difícil, a veces imposible, acatar los dictámines del organismo en materia presupuestaria.

Y es que, en teoría, la Junta Fiscal ha ocupado el espacio que la Constitución de Puerto Rico le asigna al gobernador y a la Legislatura en lo que concierne a los presupuestos. Sin el aval de la Junta, se supone que no se toque un centavo.

En la práctica es otro cantar. El gobierno sigue actuando por la libre y ahora, con los miembros del organismo en jaque debido a que no fueron confirmados por el Senado como dice Boston que se debió hacer, se le respeta aún menos.

Estamos ahora mismo en un limbo de autoridad, provocado por el período de 90 días que el circuito le otorgó al presidente Donald Trump para enviar a confirmación senatorial unos nombramientos que, de todos modos, expiran en agosto. Van dos semanas desde la decisión judicial y la Casa Blanca no ha dado indicios de lo que se propone hacer el presidente.

Entonces, con la crisis en su apogeo, con la Junta Fiscal de manos atadas, con Promesa desencantando cada día más incluso a quienes recibieron el estatuto como la salvación de Puerto Rico, Rosselló anuncia que se propone ser candidato a la reelección en noviembre de 2020.

Y la bandera en la que se arropa es la del status, al que unos y otros le achacan la imposibilidad permanente de resolver los males que nos aquejan.

En el otro partido “mayoritario” –recordemos que Rosselló ganó con 41% de los votos y su principal rival, el popular David Bernier, obtuvo 39%– no se asoma un candidato claro. Su mejor baza, Carmen Yulín Cruz, es rechazada por el liderato y ella tampoco comulga con el conservadurismo que lo permea.

A 20 meses de las elecciones, que es mucho tiempo, no podemos saber a quiénes tendrá que enfrentar Rosselló y mucho menos en qué circunstancias.

Una cosa es segura: en noviembre de 2020 seguiremos en crisis y elegiremos un gobierno que, como el actual, prometerá prosperidad, seguridad, calidad de vida y todo lo demás que viene en el paquete.

Ah, y resolveremos el problema del status.