En los años setenta del siglo pasado, el exjesuíta español Salvador Freixedo agitó a la Iglesia Católica con su libro crítico “Mi iglesia duerme”. Casi 50 años después, parecería que dormimos todos, y no solo la Iglesia, en un país que sigue resbalando por una pendiente fiscal sin fin.

Dormimos el sueño de los justos, solían decir los antiguos griegos para referirse a los ciudadanos que vivían vidas ordenadas y tenían sus conciencias tranquilas.

Las nuestras no deberían estarlo tanto. No solamente aquellos a quienes señalamos cada día como los causantes de la crisis que vive Puerto Rico, sino todos nosotros los que los colocamos en posición de cargarse el País, tendríamos que dormir intranquilos.

La responsabilidad es compartida. Ellos, porque utilizaron el poder de forma equivocada. Nosotros, porque lo permitimos.
La crisis no comenzó cuando nos azotó el huracán María el 20 de septiembre de 2017.

Durante décadas, los gobiernos electos por los puertorriqueños en ese ejercicio de democracia del que tanto nos jactamos, hicieron y deshicieron con nuestro dinero y con el ajeno. Nuestros impuestos contribuyeron, pero el endeudamiento excesivo vino como consecuencia del dinero que tomamos prestado.

Los gobiernos les vendieron a los bonistas la ilusión óptica de que éramos un país próspero, respaldado por Estados Unidos, ejemplo de democracia en un Caribe que comenzaba a despertar de su letargo colonialista, del que supuestamente nos habíamos sacudido en 1952 con la adopción del Estado Libre Asociado.

El desatino fiscal cobró fuerza durante los últimos años del siglo, con la tarjetita de salud fabricada sobre la liquidación de la infraestructura hospitalaria y médica que había sido, quizás, el único gran éxito del sistema de gobierno semiautónomo en el que se asentaba nuestra economía.

Ya en pleno siglo 21, ardió Troya (los griegos siempre presentes). Administración tras administración, los ciudadanos contemplamos impávidos cómo se derrumbaba el mito de la prosperidad hasta que en 2015, Alejandro García Padilla proclamó la insolvencia de las arcas públicas y, como solíamos hacer, un año después elegimos un nuevo gobierno cuyo líder, Ricardo Rosselló Nevares, negaba una realidad que era obvia.

La historia reciente nos muestra que no solamente era impagable la deuda, sino que también era inviable el gobierno, este o cualquiera. La imposición congresional de la ley PROMESA, que creó la Junta de Supervisión Fiscal en las postrimerías del gobierno de García Padilla, lo ha hecho evidente.

Una decisión judicial de la jueza federal Laura Taylor Swain, que le reconoce a la Junta Fiscal la autoridad absoluta sobre el presupuesto gubernamental, y la orden de dicho organismo reclamando que se le sometan de antemano los decretos y reglamentos que se proponga firmar el gobernador, confirman que ahora tenemos un gobierno inconsecuente, aparte de insolvente. Negociaciones recientes con los bonistas ratifican que no va a sobrar nada cuando les paguemos.

Las tres ramas constitucionales de gobierno –Ejecutivo, Legislatura y Judicial—han sido despojadas de los poderes que les quedaban y ahora sus funcionarios, legisladores y jueces tienen sueldo, pero no empleo.

No es posible que los ciudadanos, enfrentados a esta realidad que aparentemente muchos, muchísimos, se niegan a admitir, sigamos durmiendo el sueño de los justos. Es preciso despertar, asumir posiciones, buscar soluciones duraderas, exigir responsabilidades.

Ya no vivimos las vidas ordenadas y tranquilas de los justos que describían los antiguos griegos. Nuestro sueño, a ver si lo reconocemos de una vez, se ha convertido en una pesadilla.