La presencia de varios miembros del gabinete del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la presentación del nuevo proyecto de estadidad de la comisionada residente Jenniffer González fue, cuando menos, desatinada.

Es posible que los secretarios de Hacienda, Raúl Maldonado y de Educación, Julia Keleher, presentes en la actividad en Washington, también violaran la Ley 178 de 2001, que les prohíbe expresamente participar en actividades de corte partidista o en favor de alguna fórmula de status, como era el caso de lo ocurrido el miércoles.

Además, hay que cuestionar el gasto incurrido en el viaje de los miembros del gabinete, que debe ser informado en detalle a la mayor brevedad posible. Todo gobierno está obligado a rendirle cuentas a sus ciudadanos, mucho más cuando se trata de un gobierno en quiebra y enfrentado entre sí y con la Junta de Supervisión Fiscal que tiene el poder de decidir sobre el presupuesto.

Corresponderá a la directora de Etica Gubernamental, Zulma Rosario, responder al reclamo de investigación del representante popular Jesús Manuel Ortiz, quien le escribió también a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Pero, a juzgar por la rapidez con la que Vázquez se declaró sin jurisdicción en el caso de dos colaboradores cercanos del gobernador implicados en el caso de acoso sexual en la Compañía de Turismo, poco se puede esperar.

La denuncia inicial la hizo la exsenadora independentista María de Lourdes Santiago, actual comisionada electoral de su partido, en reacción a una foto que publicó Rosselló Nevares en su cuenta de Twitter y en la que aparece caminando sonreído por un pasillo del Congreso en compañía de miembros de su gabinete, entre ellos Keleher y Maldonado.

Santiago dijo que los secretarios Keleher y Maldonado actuaron ilegalmente al acompañar al gobernador, quien defendió la presencia de ambos diciendo que se trataba de una actividad de “política pública”.

La ley en cuestión se aprobó en 2001, el primer año de la gobernación de Sila M. Calderón, y buscaba ponerle coto a desmanes como los ocurridos durante la administración de su antecesor, Pedro Rosselló, quien permitió y alentó la participación activa de miembros de su gabinete en actividades políticas y partidistas.

La prohibición se centró sobre los secretarios de Hacienda, Educación y Justicia, y sobre el superintendente de la Policía, por razones muy específicas. Recordemos algunos ejemplos.

Como secretario de Hacienda, Manuel Díaz Saldaña –quien luego fue contralor de Puerto Rico— llegó a promover una actividad política en la plazoleta del Departamento de Hacienda y lo justificó diciendo que era su hora de almuerzo. Nada pasó.

En tanto, Pedro Toledo provocó una gran controversia cuando, siendo superintendente de la Policía, asistió a una asamblea del Partido Nuevo Progresista en la que tuvo una participación activa. Nada pasó.

En el caso de Víctor Fajardo sí que pasó y mucho. El exsecretario de Educación fue acusado, condenado y enviado a prisión por las autoridades federales, que le imputaron delitos de corrupción cometidos mientras era la estrella del gabinete de Pedro Rosselló.

Resulta obvio que lo que hicieron los miembros del gabinete de Ricardo Rosselló esta semana en Washington no compara con lo ocurrido en el pasado, pero son malos augurios que no deben pasar a mayores. De todos depende evitarlo.