La agenda de trabajo judicial sobre la quiebra de Puerto Rico se seguirá complicando en los próximos meses, con el agravante de que hasta el gobierno de turno estará enfrentado consigo mismo en los tribunales.

La reestructuración de la deuda es el asunto central ante la jueza federal Laura Taylor Swain, como sabemos. Y ese es un tema que enfrenta a Puerto Rico con sus acreedores.

La Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares están más o menos del mismo lado en esa discusión, a pesar de la insistencia del organismo federal en la adopción de medidas fiscales que resultan antipáticas ante los ciudadanos, léase los electores, y por lo tanto encuentran resistencia en el gobernador.

Pero ahora, gracias a la confrontación entre Rosselló Nevares y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a causa de la moribunda propuesta de derogación de la Ley 80 de Despido Injustificado, la maraña fiscal puertorriqueña vuelve a complicarse, esta vez en las propias entrañas del partido de gobierno.

Rivera Schatz se ha mantenido firme, hasta ahora, en que no dará paso a la derogación de la Ley 80, lo que Rosselló Nevares sostiene que hará realidad las amenazas de la Junta Fiscal de acabar con el bono de Navidad y los días de vacaciones de los empleados públicos, como antesala a una reducción dramática en las pensiones de los jubilados del gobierno.

La Junta no ha explicado porqué es necesario derogar la Ley 80 de 1976, que protege a los empleados de la empresa privada con el pago obligado de una mesada si se les despide sin causa justificada. La mesada la paga el patrono privado, no el gobierno y, según algunos expertos, no representa una carga pesada para los empresarios.

El gobernador decidió “comprar” el reclamo de la Junta Fiscal a cambio de más presupuesto para su oficina y envió a la Legislatura la medida que derogaría la Ley 80. La legislación ha pasado por un proceso de enmiendas y fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero el Senado se negó a avalarla y trancó el juego.

Si la situación no cambia, como parece ser a juzgar por lo que sigue diciendo Rivera Schatz, se estaría enviando a la Junta Fiscal un presupuesto “desbalanceado” en relación al plan fiscal certificado por el organismo, con consecuencias serias para el País.

Este viernes, cuando se reúna la Junta para revisar el presupuesto, se descertificaría el plan fiscal y el organismo impondría las medidas drásticas que ha anticipado: cero bono de Navidad, reducción a siete días anuales de las vacaciones, y redistribución de partidas, lo que podría poner en peligro el alza presupuestaria de la oficina del gobernador.

En una entrevista con este diario, publicada hoy, Rosselló Nevares reconoció que la ley federal PROMESA le otorga a la Junta Fiscal autoridad completa sobre el presupuesto, aunque reclamó para sí mismo y para la Legislatura la autoridad sobre la política pública.

Si falla el “toma y daca”, el tranque es evidente. Sin presupuesto no se puede llevar a cabo la política pública, y sin política pública, el presupuesto es un reguerete de números sin sentido.

Este diferendo con la Junta, igual que la pugna entre Ejecutivo y Legislatura en torno a la Ley 80, terminará en los tribunales como otro apéndice del caso central sobre la reestructuración de la deuda y ambos pleitos seguirán retrasando la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico.

Las consecuencias sociales de la crisis son todavía más profundas y tardarán más tiempo en superarse.