Solo falta colgarle al cuello una medalla.

La directora de la Oficina de Etica Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, reconoció hoy que fue ella quien conectó a la secretaria de Educación, Julia Keleher, con la compañía contratada por $16.9 millones para enseñar valores a estudiantes de las escuelas públicas del País.

Pero no lo admitió con sentido de culpa ni remordimiento alguno. Al contrario, se expresó orgullosa y muy satisfecha de haber cumplido con lo que ella considera era su deber.

Lo que no explicó muy bien fue porqué calló hasta ahora que ella era el vínculo entre Keleher y el Joseph and Edna Josephson Institute a pesar de que había hecho declaraciones públicas en defensa del programa, incluso después que se conociera que el contrato ascendía a cerca de $17 millones.

Seguramente confió en la mala memoria de Keleher, que ya sabemos que no se acordaba de nada. Pero alguien más choteó. Como en el caso del chat del juez de Moca, aunque en el contrato de Educación parece que no medió el WhatsApp.

En todo caso, Rosario pretendió hoy aleccionar a los periodistas reprochándoles que no se habían leído la Ley de Etica Gubernamental.

No hay que dudar que ella sí se la leyó. Lo que pasa es que no la entendió.

La señora Rosario, que no está en ese cargo con nombramiento de diez años por sus conocimientos de ética y valores sino por su activismo político en el Partido Nuevo Progresista, se ha quedado sin argumentos para atender cualquier querella ética que pueda estar pendiente en su oficina.

Si Rosario piensa que conectar a un contratista con un funcionario de gobierno para que le venda sus servicios no es una falta ética grave, entonces lleva nueve años perdiendo el tiempo en OEG.

Lo que hay que indagar ahora es cuántas otras conexiones habrá hecho a lo largo de su incumbencia, convencida –como dice que está—de que ha cumplido con su deber.

Cuántos contratistas le deben a su gestión el haberse beneficiado de fondos públicos, estatales o federales (como es el caso que nos ocupa), obteniendo contratos firmados por funcionarios que, a lo mejor, han terminado bajo la lupa de OEG por esos mismos tratos.

¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque Rosario se cree intocable. “Ni siquiera el gobernador me puede pedir la renuncia”, dijo en la rueda de prensa.

Es cierto. El gobernador no puede pedirle la renuncia, pero puede iniciar una acción en su contra ante el Tribunal Supremo para separarla del cargo. Y la Legislatura puede llevar a cabo un proceso de residenciamiento, al estilo del que provee la Constitución para el gobernante, que pudiera concluir con su destitución.

Por supuesto, ni el gobernador va a acudir al Supremo en su contra, ni las cámaras van a intentar destituirla. Ese es el problema con los nombramientos políticos, que suelen recaer en correligionarios.

Se sienten tan seguros que hasta reclaman medallas por las barbaridades que hacen.