Apenas dos semanas le duró al ahora suspendido juez Rafael Ramos Sáenz la alegría de que su entrega a la causa de su Partido Nuevo Progresista lo premiara con la efímera presidencia de la inservible Comisión Estatal de Elecciones.

La cadena de intercambios verbales vía Whatsapp hecha pública por el senador popular Aníbal José Torres fue el puntillazo final, pero Ramos Sáenz había traspasado antes las reglas del decoro.

Cuando el exjuez municipal de Aguadilla, ascendido a juez superior en diciembre, se jactó en una entrevista radial (NotiUno) de que se merecía que el vehículo oficial de la CEE, conducido por un chofer pagado con fondos público, lo llevara y lo trajera de casa al trabajo a diario porque él era “un juez”, no un “jefe de agencia”, debió ser removido de inmediato del cargo.

Pero al gobernador Ricardo Rosselló Nevares no pareció incomodarle esa respuesta de Ramos Sáenz, cuyo nombramiento se había ocupado personalmente de anunciarle al País, impropiamente, por cierto.

Según la Ley Electoral, corresponde a los comisionados electorales escoger al presidente de la CEE y el gobernador hace la designación solo cuando aquellos no logren consenso. De acuerdo al orden que la Fortaleza le dio a las cosas, Rosselló Nevares nombró a Ramos Sáenz y entonces los comisionados, conste que los tres, dieron su anuencia.

Pero, según fuentes del organismo electoral, los comisionados sí se pusieron de acuerdo primero en relación a Ramos Sáenz y fue idea de la comisionada penepé Norma Burgos que se le permitiera a Rosselló Nevares hacer el anuncio. Lo que el País entendió, porque así se diseñó, fue que la selección del presidente la había hecho el gobernador, que debería explicar públicamente su actuación.

A estas alturas, en verdad, no importa. Se equivocaron todos, incluidos los comisionados electorales de los partidos de oposición, el popular Miguel Ríos y la independentista María de Lourdes Santiago, igual que Burgos y el propio gobernador.

Seleccionaron mal, no hicieron la investigación de trasfondo necesaria y terminó presidiendo la CEE una persona que no tenía los méritos, ni el talante, para presidir nada, ni el organismo electoral, ni una agencia de gobierno a las que tanto desprecia, ni mucho menos la sala de un tribunal de justicia.

Después de pasar con fichas en el asunto del vehículo oficial, al que terminó anunciando que renunciaba para no distraerse respondiendo “alegaciones mal intencionadas y sin fundamento”, Ramos Sáenz se quedó sin argumentos en torno a su cuestionable desempeño como presidente de la Junta Local de Moca de la CEE en el año electoral de 2016.

Los mensajes de Whatsapp compartidos con miembros de la campaña de Rosselló Nevares, entonces candidato del PNP a la gobernación, en los que quedaba retratado como muchacho de mandados, obligaron al gobernador a desentenderse de él y a pedirle la renuncia.

Ahora lo investigan el Senado, el Departamento de Justicia, la Oficina de Etica Gubernamental y la Oficina de Administración de los Tribunales. De hecho, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, lo suspendió de sus funciones como juez.

En la mira de Justicia solo está acallar el revuelo penalizando a Ramos Sáenz, pero en la del Senado, cuyo presidente Thomas Rivera Schatz se ha enfrascado en una guerra pública con la comisionada Burgos por el tema del juez, figuran también los funcionarios de la Fortaleza que participaron en los polémicos chats durante la campaña, especialmente la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, así como la jefa de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado, y la propia Norma Burgos.

Es una pelea entre dos bandos del mismo partido por el control del batatal político de $30 millones anuales en años no electorales que es la CEE, un organismo alejado de las necesidades del pueblo y de la realidad fiscal, económica y social del País.

A dirigir ese avispero, unos cuatrienios azul y otros rojo, aspiraba el honorable juez de Aguadilla.