El restablecimiento del servicio eléctrico no es lo único que se mueve a paso de tortuga en el País. Parece como si Ricardo Ramos, el ahora exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, hubiera contagiado al resto del gobierno con el síndrome de reacción retardada.

Esta semana lo vimos en directo. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recriminaba al titular de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, por no tener a mano datos confiables que le permitieran al organismo creado por el Congreso obtener una mejor visión de dónde estamos parados.

La burocracia nos asfixia y nos mantiene funcionando a cámara lenta.

Nos enterábamos ese mismo día de que la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no tienen liquidez para continuar sus trabajos de recuperación de los servicios básicos y que se estima que necesitan más de $800 millones para seguir adelante.

La culpa de esta situación la tiene también la burocracia que ha entorpecido la finalización del acuerdo de condiciones que regirán el desembolso del préstamo de $4,800 millones de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) a Puerto Rico para otorgarle la liquidez que necesita para seguir operando. De esa cifra global saldrían los $800 y pico de millones para la AEE y la AAA.

El Congreso lo aprobó, el presidente Donald Trump lo firmó y solo falta entregar el dinero, pero la mala fama que adquirió Puerto Rico en décadas recientes, gracias a una serie de funcionarios corruptos, condiciona el desembolso a que Fortaleza acepte ciertas condiciones de cumplimiento estricto y eso no se había completado esta semana.

Lo cierto es que el retraso que llevan los trabajos de recuperación de la red eléctrica no debería ser tan dramático como en efecto lo es. Si Ramos y la Junta de Gobierno de la AEE hubieran actuado con la celeridad que reclamaba la emergencia del huracán María y acudido a donde tenían que acudir, la Asociación de Compañías Eléctricas Públicas de Estados Unidos, habríamos alcanzado hace un mes el punto en el que estamos hoy.

Lo peor es que no solo llevamos un mes de atraso, sino que además agravamos nuestro problema de confianza contratando a Whitefish Energy, un contrato altamente desventajoso para Puerto Rico que terminó siendo cancelado en medio de las investigaciones federales y locales que desencadenó.

Con el tema de la reforma contributiva federal también estamos padeciendo del síndrome de la reacción retardada. Llevamos semanas tratando de descifrar una estrategia común para evitar la debacle que se nos viene encima con la derogación de las ventajas contributivas que nos han permitido atraer empresas estadounidenses que operan como corporaciones foráneas que le pagan impuestos reducidos a Puerto Rico a cambio de exenciones federales cuantiosas.

La Cámara federal aprobó su versión sin hacer nada por Puerto Rico y no dijimos nada. El Senado federal hizo lo propio y también pasamos con fichas. Y ahora estamos tratando de insertarnos en el comité de conferencia para que se consideren enmiendas que impidan la fuga corporativa que se avecina. Tarde y poco.

Si el Congreso sigue sin escucharnos, como vaticinan algunos, no sé qué más podremos ofrecerles a esas corporaciones para que les resulte rentable quedarse aquí. ¿Luz eléctrica, tal vez?