Más de tres semanas después de que explotara el escándalo, Héctor O’Neill seguía este miércoles aferrado a una silla desde la cual ya es incapaz de ejercer el poder del cargo de alcalde de Guaynabo que ostenta desde 1993.

O’Neill no quiere rendirse, a pesar de que la opinión pública ya juzgó los actos por los que está bajo investigación del Departamento de Justicia, de la Oficina de Etica Gubernamental y, según algunos, de las autoridades federales.

No hay duda de que el político pasa por el peor momento de su vida: acusado de hostigamiento sexual y hasta de violación por empleadas municipales, juzgado y condenado a priori por la opinión pública, repudiado por el líder de su partido y gobernador.

Los hechos parecen estar claros y el reclamo de su equipo asesor de que se respete la presunción de inocencia que debe acompañar a todo sospechoso de delito suena a estrategia desesperada de defensa.

Decíamos dos semanas atrás en este mismo espacio que O’Neill era un “dead man walking”, un cadáver político insepulto que vagaba por ahí sin querer darse cuenta de la inevitabilidad de su condición. Pues en eso sigue.

Después de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le pidiera la renuncia a O’Neill, las agencias investigativas del gobierno se lanzaron a la tarea de recopilar evidencia contra el otrora poderoso alcalde y desde entonces han seguido saliendo esqueletos del clóset que han ido complicando su ya difícil situación.

Se le investiga por un aparente patrón de hostigamiento sexual y como evidencia han salido a la luz incidentes muy graves y sórdidos que le imputan hasta un episodio de violación.

En el ámbito económico, Etica rebusca en sus finanzas particulares para determinar el origen de los $450,000 que se dice pagó el alcalde como compensación a la mujer policía municipal que lo llevó ante un foro administrativo federal y al compañero actual de la demandante. Aunque al menos en una ocasión anterior el municipio había pagado la compensación otorgada a otra demandante, en este caso el dinero se pagó de fondos privados.

Esta semana, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, declaró oficialmente a O’Neill “sospechoso de delito” y el gobernador reiteró públicamente su reclamo de que renunciara.

Pero O’Neill no ha querido rendirse. La pregunta que el País se hace es: ¿qué espera?