Héctor O’Neill es un muerto andante. Uno de esos “walking deads” que pululan por la popular serie de la televisión estadounidense, solo que, en su caso, se trata de una muerte política. Ni un poderoso cacique como el alcalde de Guaynabo está exento de sufrir una fatalidad como esa.

O’Neill, en la mejor demostración de lo que es, no quiere darse cuenta de su situación. No se entera de que desde el momento en que su jefe político, Ricardo Rosselló, le ordenó públicamente que explicara todo lo concerniente a la transacción que acordó con una exempleada que le imputó conducta sexual impropia, ya estaba marcado.

Es posible que O’Neill escogiera el mal menor porque, a pesar de lo que implicaba negarse a cumplir los requerimientos del gobernador, seguramente era más terrible explicar de dónde habían salido los $300,000 que le pagó como indemnización a su denunciante y otros $150,000 que se dice tuvo que pagarle al novio de la mujer. O’Neill sí dijo que no se trataba de fondos públicos, pero no reveló la procedencia del dinero.

Sus asesores, principalmente los amigotes que se creen a medio juego de Dios, le aconsejaron que no le hiciera caso a la molestia de Rosselló, probablemente con la coletilla de que el novato gobernador no se atrevería a actuar en su contra.

Pero no fue así. Rosselló resintió la respuesta desafiante de O’Neill, de quien ya sabía que no le era leal porque había sido partidario de Pedro Pierluisi en la lucha primarista de 2016 por la candidatura del Partido Nuevo Progresista a la gobernación. Y tardó pocos minutos en responder al desafío.

O’Neill no ofreció las respuestas que Rosselló le había requerido y, peor aún, dijo que no renunciaría. Aunque había convocado una rueda de prensa, el papelón frente a los periodistas lo tuvo que hacer su abogado, Joaquín Monserrate, dando la cara por su cliente.

El “frosting” del bizcocho lo puso el gobernador de inmediato. Primero le exigió la renuncia a O’Neill a todos sus cargos públicos y políticos y, unas horas después, anunció que le había pedido a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que iniciara una investigación contra el alcalde.

Los asuntos a investigarse son graves. En primer lugar, las denuncias de hostigamiento sexual que se le atribuyen públicamente al alcalde; segundo, las circunstancias en que se produjo el acuerdo para el pago de la indemnización cuestionada y, tercero, el origen de los fondos para realizar ese pago. Como O’Neill ya dijo que no usó fondos públicos, Vázquez tendrá que investigar cuentas privadas.

Será interesante ver de qué palo se agarra la secretaria de Justicia ahora pues no debemos olvidar que ya había dicho públicamente que sin querella no se podía investigar nada. A menos que sepa algo que no ha dicho públicamente, Rosselló no posee prueba alguna contra O’Neill en torno a la procedencia del dinero con el que se pagó la indemnización y, por lo tanto, no podría ser el querellante.

Imaginamos que la directora de Etica Gubernamental, Zulma Rosario, otra que cantaba en el coro de la secretaria de Justicia jurando que no tenía jurisdicción, ya estará rebuscando en sus libros a ver si encuentra cómo imputarle alguna violación ética al alcalde.

Resulta obvio que O’Neill no podrá seguir por mucho tiempo aferrado a su silla de alcalde y a su gran influencia en la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del PNP y en la que antes fue presidente.

Es que, aunque caminen, llega un momento en que los muertos andantes apestan.