El Senado acaba de confirmarnos lo que muchos sospechábamos en relación con los hoyos en las carreteras: que son culpa del traqueteo con los fondos asignados.

Los resultados de la investigación senatorial que destapa el nuevo escándalo del bitumul, como ya se le comienza a llamar, llegan bastante a destiempo, justo con el cambio de gobierno.

Es verdad que el hoy portavoz penepé Larry Seilhamer, que será el vicepresidente del Senado en el cuatrienio que pronto comenzará, ya prometió que le dará seguimiento al asunto, pero eso no es suficiente.

Cuando el portavoz popular Aníbal José Torres, que presidió la comisión especial que investigó el tema, anunció el miércoles los resultados de la pesquisa, no dijo porqué se tardaron tanto.

Según Torres, el esquema es el siguiente: la Autoridad de Carreteras, que recibe fondos federales, contrata una empresa privada para pavimentar equis carretera y ese contratista, a su vez, contrata al laboratorio que comprueba la corrección del producto que se usa. O sea, es como la Cuca Gómez del comediante Otilio Warrington (Bizcocho): “yo lo fabrico, yo lo uso, yo lo recomiendo”.

Lo peor, porque hay siempre algo peor, es que la Autoridad de Carreteras da por bueno el análisis de laboratorio que le presenta el contratista.

Y ahora resulta que pruebas que se hicieron como parte de la pesquisa demostraron que el producto certificado por el laboratorio del contratista no necesariamente es bueno y por eso es que se forman los hoyos en las carreteras.

No es la lluvia, no, como suelen decir los funcionarios. Es el traqueteo con los fondos públicos el responsable de que las carreteras se pavimenten y, en un santiamén, estén otra vez llenas de hoyos.

Esperamos que la fiscalía federal, que ya recibió copia del informe de la investigación senatorial, se apresure a analizarlo y comience su propia pesquisa porque, después de todo, lo que está en medio del traqueteo son fondos federales.

Ahora bien, ojalá que no ocurra como en otras ocasiones, que acusan al funcionario corrupto, pero sus cómplices de la empresa privada salen incólumes.

Deberían procesarlos también y obligarlos, además, a reparar las carreteras que chapucearon con su bitumul aguado.