El regreso presencial a clases de nuestros niños y jóvenes tiene que mantenerse bajo supervisión continua durante todo el ejercicio escolar.

Bajar la guardia después de los primeros días, o incluso semanas, puede significar un deterioro apresurado de las medidas de control del COVID-19 diseñadas por las autoridades sanitarias y educativas.

El retorno a las aulas debe considerarse un experimento y, como tal, tiene que estar sujeto a una vigilancia estricta que sea capaz de detectar rápidamente los contagios y de actuar de inmediato.

En todo caso, el alza en contagios experimentado en semanas recientes, sobre todo por la proliferación de la variante Delta, podría haber requerido que se retrasara por algunas semanas el regreso a las clases presenciales.

Es verdad que había apremio por volver al salón de clases, pero decisiones como esta deberían estar supeditadas siempre al comportamiento de los contagios.

Esperemos que el ritmo de vacunación, que es muy aceptable, no se vea afectado negativamente por el impacto de las exenciones de carácter religioso a las vacunas. Las autoridades deben entender que examinar con lupa cada exención otorgada no lesiona el llamado derecho a no vacunarse que reclaman los objetores, sino que protege el derecho a la salud de la inmensa mayoría de las personas.

Si no hay delito en la otorgación masiva de exenciones, como parecen pensar los fiscales del Departamento de Justicia, tampoco puede haberlo en la toma de medidas estrictas de cumplimiento de las normas que las permiten.

Téngalo presente el gobierno, que tiene que estar comprometido con el bienestar general.