La Judicatura es un poder subordinado. Tiene la última palabra, pero depende de la voluntad política, eternamente condicionada por el partidismo.

A pesar de esa tara, Puerto Rico ha tenido una larga lista de jueces competentes que han sabido desligarse del poder nominador que los puso en el estrado.

Por desgracia, hay excepciones en todas las esferas. Y esas excepciones inclinan en ocasiones cada vez más frecuentes la balanza de la justicia hacia la injusticia.

El Ejecutivo no decide la composición de la Legislatura, que tiene a su vez el poder de fiscalizarlo, independientemente de que lo ejerza correctamente.

Pero es el Ejecutivo, concretamente el gobernador de turno, quien nomina a los jueces, que deben ser confirmados por el Senado y, en el caso de la presidencia del Tribunal Supremo, también por la Cámara.

La fórmula está escrita en la Constitución de 1952. Pero no tiene que ser eterna.

La Constitución se puede enmendar —el voto a los 18 años es producto de ese proceso— y el poder final se supone que esté en manos de los electores, aunque no siempre se respeta la voluntad popular, como en el caso de la unicameralidad.

El asunto de la selección de los jueces ha sido debatido en voz baja durante años. Nunca ha captado el interés suficiente como para que se levante el clamor que debería generar. Tal vez estamos acercándonos a ese punto.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso de la elección de Ricardo Rosselló Nevares como cabildero de la estadidad, favorable al exgobernador a pesar de la evidencia probada en el Tribunal de Instancia de que el candidato “write-in” no residía en Puerto Rico y no podía votar, puede ser el “turning point” para reavivar el debate.

Poco podemos esperar ya de un Tribunal Supremo que impone su mayoría para confirmar la sentencia de Apelaciones sin entrar en los méritos.

Puerto Rico necesita una judicatura libre de presiones partidistas y la mejor forma de lograrla es liberando a los jueces de la tara que les impone su nombramiento a dedo, casi siempre confirmado por unos legisladores sellos de goma del Ejecutivo.

Hay que enmendar la Constitución y crear una Escuela Judicial como las que existen ya en el mundo, que prepare una nueva cepa de jueces y limite el poder nominador del gobernador a esos aspirantes.

No es una fórmula mágica y tomará años implantarla con resultados notables, pero es la manera de empezar a enderezar un sistema de justicia que ahora mismo permitiría que unos irresponsables votaran por Mickey Mouse y se validara su elección.

Quien crea que es una exageración, que relea la resolución del Apelativo en el caso de Rosselló Nevares.