El subsecretario de Administración del Departamento de Educación, Jesús González, ha sido un funcionario poderoso por años, pero ha ejercido su autoridad con mucha discreción.

Saber nadar y guardar la ropa, dice el refrán. Nadie como González para demostrarlo.

González tiene un cargo de procurador de menores, al que fue nombrado en 2011, pero que ha ejercido apenas cuatro de esos diez años transcurridos desde entonces. Se le da mejor ser el poder detrás del trono.

Así fue en el Departamento de Corrección, en el que fue subsecretario antes de ser secretario en sustitución de Carlos Molina, que aspiraba entonces a la alcaldía de Arecibo y con quien había laborado en la Cámara de Representantes.

Tras cuatro discretos años como procurador de menores, en 2017 regresó a Arecibo a colaborar con Molina, el alcalde que deletreó Jayuya con G y ya nadie lo conoció por otra cosa más que por ese disparate.

Es evidente que González tiene poder porque Molina, al salir en enero pasado de la alcaldía dejando un déficit de muchos millones de dólares, ya ha firmado varios contratos de asesoría, el más importante nada menos que con el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (Crim).

A su ex mano derecha tampoco le tomaron en cuenta lo del déficit arecibeño pues la ahora ex secretaria designada de Educación, Elba Aponte, lo nombró en febrero pasado subsecretario de Administración. O sea, de un municipio quebrado con un presupuesto de $30 millones pasó a la agencia más importante, Educación, que tiene un presupuesto combinado de $7,000 millones que nunca ha sabido administrar.

Pero no quedó ahí la cosa. Al retirar el nombramiento de Aponte, que no tenía los votos en el Senado para ser confirmada, el gobernador Pedro Pierluisi designó a González como secretario interino de Educación.

Empero, el discreto González no pasó el cedazo senatorial ni como interino, aunque Pierluisi dijo que lo mantendría en el cargo hasta tanto escogiera a un nuevo titular.

Ahora que su enchufe ha comenzado a generar controversia, habrá que esperar para ver si se queda en Educación cuando llegue el reemplazo de Aponte, o si se moverá a un nuevo cargo en otra agencia en el que pueda seguir ejerciendo discretamente sus influencias, pero recuperando su antigua (y cómoda) invisibilidad.

A lo mejor es tiempo de asumir el puesto para el que fue confirmado en 2011. ¿O será muy visible eso de ser procurador de menores?