A confesión de parte, relevo de prueba, suelen decir los abogados en alusión a los pleitos fáciles de juzgar.

En el caso de las elecciones del 3 de noviembre, celebradas bajo la controvertida nueva ley electoral de Thomas Rivera Schatz, no ha habido confesión de parte, y seguramente no la habrá, pero la profusión de prueba debe ser suficiente para demostrar las obvias deficiencias del estatuto.

Cuarenta días después de los comicios, la Comisión Estatal de Elecciones no ha emitido certificaciones finales, aún cuando hay contiendas cuyo resultado preliminar es suficiente para conocer quiénes son los candidatos vencedores. La gobernación y muchas alcaldías están decididas, incluso sin certificación final, pero otras contiendas reflejan problemas derivados de los defectos de la ley.

La alcaldía de San Juan es el mejor ejemplo de las irregularidades provocadas por las disposiciones relativas al voto adelantado y ausente incluidas en el estatuto de la autoría de Rivera Schatz, que fue aprobado de forma partidista, sin consenso y a pesar de la oposición manifiesta de muchos sectores.

Ese voto, agrupado en la ya notoria Unidad 77 de los precintos de San Juan, no cuadra. Hay más papeletas que electores y han aparecido maletines fuera de sitio y sin las actas correspondientes.

El candidato novoprogresista a la alcaldía, Miguel Romero, quien asumió la delantera justo gracias al conteo del voto adelantado y ausente, reclama el triunfo sobre su contrincante de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, que no reconoce la derrota.

Los resultados de San Juan están bajo investigación de la CEE y todo indica que será su presidente, Francisco Rosado Colomer, quien al final decidirá la suerte del municipio capitalino. Pocos dudan cómo decidirá.

Si todo pinta como parece, San Juan promete una dura batalla legal que se decidirá finalmente en los tribunales. Pero, independientemente de la ruta judicial, corresponderá a la nueva Legislatura, en la que el Partido Nuevo Progresista estará en minoría, corregir prontamente el rumbo torcido de la ley actual.

Prueba de sobra hay para derogar la ley de Rivera Schatz y adoptar un nuevo estatuto que cumpla con un requisito indispensable: ser producto del consenso, de manera que proteja los derechos de toda la ciudadanía y no solo los intereses partidistas de algunos.