Wanda Vázquez tiene ahora mismo dos sombreros que podrían estar colocando demasiado peso sobre su cabeza.

Vázquez es gobernadora desde agosto pasado porque así lo dispuso la sucesión constitucional, pero también es precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista porque así lo decidió ella misma en diciembre.

Se complicó la vida después de haber jurado y perjurado que no aspiraría a nada en las elecciones de este año y ahora, al mando de un país en crisis fiscal y en emergencia por la secuencia sísmica del último mes, comienza a escuchar el mismo reclamo ciudadano que obligó a su antecesor a dimitir. Esta vez, en lugar de “Ricky, renuncia”, se empiezan a oir voces de “Wanda, renuncia”.

Pero, cuidado.

Exigir ahora la renuncia de Vázquez, como se hizo el verano pasado con Rosselló, ayudaría poco a resolver los graves problemas del país y podría, en cambio, complicarlos más.

Si Vázquez renunciara ahora, podríamos tener una repetición del escenario de agosto, cuando Pedro Pierluisi vio frustrado su intento de hacerse con la gobernación sin haber sido confirmado como secretario de Estado por el Senado.

Vázquez, que era secretaria de Justicia, asumió como gobernadora tras una sentencia unánime del Tribunal Supremo y, en esa capacidad, nombró a Elmer Román como secretario de Estado.

Pero Román no ha sido confirmado por la Legislatura en un cargo que requiere el aval de ambas cámaras. De hecho, hasta el miércoles, Vázquez no había enviado la nominación, aunque sí sometió al Senado la del sustituto de Román en el Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer.

Para empeorar la situación, Román, como secretario de Seguridad Pública, tenía responsabilidad vicaria sobre las actuaciones de Carlos Acevedo en el Negociado de Manejo de Emergencias, que operaba en Ponce el almacén de suministros no repartidos por el que Vázquez lo destituyó el fin de semana pasado.

En esa coyuntura, sin un secretario de Estado confirmado y en tela de juicio, una dimisión de Vázquez catapultaría a la Fortaleza a la actual secretaria de Justicia, Dennise Longo, quien sí tiene la confirmación senatorial, que es la que requiere ese cargo.

Entonces, hay que preguntarse cómo ayudaría eso a resolver los problemas actuales.

La gobernadora Vázquez seguramente no se ha planteado renunciar, ni siquiera con la presión pública que empieza a crecer entre la ciudadanía, molesta por el caso del almacén y por el mal manejo de la situación que atraviesan miles de personas en varios municipios del suroeste, que sufren las peores consecuencias del terremoto de 6.4 del 7 de enero y sus continuadas réplicas.

Pero hay algo que sí debería considerar y es retirar su candidatura primarista a la gobernación, como ya le recomendó su brevísima secretaria de la Gobernación, la exsenadora Zoé Laboy, en una columna publicada en este diario. De hecho, fue el anuncio de Vázquez de que radicaría su candidatura lo que precipitó en diciembre la salida de Laboy de su cargo en la Fortaleza.

Resulta obvio que hay una pugna política en el gobierno, como reflejó la destitución fulminante el fin de semana de los secretarios de Familia, Glorimar Ándujar y de Vivienda, Fernando Gil Enseñat. Las declaraciones de este último a El Nuevo Día no dejan lugar a dudas.

Si regresa a su plan original de ser gobernadora hasta entregar el mando a un sucesor el 2 de enero de 2021, Vázquez calmaría las aguas en el partido y podría dedicar todo su esfuerzo a hacer el gobierno transparente y honesto que le prometió al país el 7 de agosto.

El otro camino es el caos.