Una noticia reciente informaba que los empleados del Negociado de Ciencias Forenses no podrían cobrar sus salarios más allá del primer trimestre de este año.

Curiosamente, cuando se desató el año pasado el pulseo entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal en torno al bono de Navidad de los empleados públicos, el organismo federal argumentó que el pago de la bonificación pondría en peligro los salarios mismos de miles de trabajadores.

Tan pronto saltó la noticia de la inminente insolvencia en Ciencias Forenses, el gobierno informó que había identificado cerca de $6 millones para garantizar la continuidad del pago al personal de una agencia que ha estado en la mirilla pública desde que el paso devastador del huracán María, en septiembre de 2017, puso al descubierto sus carencias. (Ahora está por verse de dónde saldrá ese dinero, puesto que la Junta de Supervisión Fiscal dice que solo tiene en su mesa una solicitud de $78,000 para Ciencias Forenses).

Casi simultáneamente con el anuncio de la crisis fiscal de Ciencias Forenses, conocíamos que en la Autoridad de Energía Eléctrica, nuestro principal monopolio quebrado, se contrataba a un nuevo subdirector ejecutivo por la friolera de $149,000 anuales. Un sueldo nada excesivo, según la AEE, si se toma en cuenta que el anterior subdirector, Justo González, llegó a devengar $170,000, aunque eso fue cuando dirigió interinamente la corporación pública.

Y conocíamos en esos días también que una movida en la secretaría de Asuntos Públicos de la Fortaleza representaría un alza en la nómina de palacio al nombrarse a una segunda persona para ocuparse de otras funciones que anteriormente también cumplía el renunciante, Ramón Rosario.

Esta semana, el gobernador ha vuelto a hacer cambios en la Fortaleza –esta vez forzado por la abrupta salida de Teresita Fuentes de la dirección del Departamento de Hacienda—y, en apenas dos días, reasignó a Ricardo Llerandi como secretario de la Gobernación.

El puesto lo dejaba vacante Raúl Maldonado, que ahora asume tres funciones neurálgicas: secretario de Hacienda, director de Gerencia y Presupuesto, y principal oficial financiero del gobierno. Como Cuca Gómez, el personaje del comediante Otilio Warrington (Bizcocho): “yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo”.

Y seguimos sumando nómina. Mientras hay que raspar la olla para conseguir fondos para pagarles a los profesionales que rinden una labor tan esencial para la justicia como los de Ciencias Forenses, los chavos llueven del cielo para burócratas sobrepagados.

Mientras los bomberos, los escasos bomberos, que tenemos en el país viven literalmente en la cuerda floja porque no hay dinero para pagar sus sueldos, la cúpula en la AEE, en la Fortaleza, en los departamentos de Educación y de Seguridad Pública y en tantos otros entes gubernamentales, no carecen de nada. Cobran ellos y sus contratistas de élite, que ya vamos sabiendo quiénes son.

Es que tenemos que estar en quiebra. Fiscal, legal y, sobre todo, moral. Porque dinero hay, pero está muy mal repartido.