Si algo deben tener claro los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático antes de reunirse este lunes en la noche es que la empresa de cabildeo con la que han hecho negocios dos altos dirigentes de la colectividad política es el enemigo.

Que sepan de antemano que lo que van a juzgar va mucho más allá de una simple relación contractual de corto plazo mantenida por su presidente, Héctor Ferrer, y su precandidato a la gobernación Roberto Prats con DCI, la compañía que representa los intereses de grandes bonistas en pugna con el gobierno de Puerto Rico. Así, sin colores, el gobierno de ahora, pero también el de 2015, encabezado entonces por su correligionario Alejandro García Padilla.

DCI representaba entonces, y todavía lo hace, intereses contrarios a los de Puerto Rico. Sus clientes reclaman que el gobierno les pague todo, o la mayor parte, de la deuda de sobre $70,000 millones acumulada por las distintas administraciones, tanto populares como novoprogresistas.

Pero la deuda no es la primera pugna que mantiene DCI con el gobierno de Puerto Rico. Estos cabilderos representaron también a Doral Bank en su reclamo –finalmente desestimado por los tribunales—de un reintegro de $230 millones negociado durante la administración de Luis Fortuño.

El caso es que, conocido su trasfondo, Ferrer y Prats firmaron sendos contratos con DCI para realizar tareas legales no vinculadas directamente con la pugna por la deuda, según han explicado ellos mismos.

Resulta obvio, sin embargo, que la relación ha ido más allá pues a DCI se le vincula con la hoja de propaganda que los populares repartieron recientemente entre congresistas y senadores en Washington, de la que lo más difundido ha sido la ilustración que confunde la bandera y el Morro de Puerto Rico con esos mismos símbolos cubanos.

Eso debió bastar para que se abortara el plan de repartir la chapucería, aunque más grave aún (si se puede) es el contenido de la propaganda, que apoya los reclamos de los bonistas y desacredita a la fórmula de estadidad para Puerto Rico con argumentos politiqueros y que fomentan la discriminación contra los boricuas.

¿De verdad cree el PPD que Puerto Rico puede pagar todo lo que reclaman los bonistas? Que se lo digan al País, de frente, a ver qué piensan los ciudadanos, populares y no populares.

Y en cuanto al mensaje politiquero, ¿no tienen mejores argumentos que meterle miedo al Congreso con que seremos un estado mendigo que les costará $50,000 millones en diez años y que, para colmo, elegiremos congresistas demócratas y no republicanos? ¿Dónde quedó aquel mensaje de “Pan, tierra y libertad” que proclamaba en sus inicios como bandera de la dignidad? ¿Así de buscones y bocabajos piensa ese liderato popular que somos los puertorriqueños?

Cuando los miembros de la Junta de Gobierno del PPD se reúnan este lunes, mírense en el espejo del pasado y recuerden aquel himno que solía emocionarlos hasta las lágrimas y que proclamaba que “no hay dinero que compre mi conciencia”.

Dependiendo de lo que hagan, el País sabrá si están durmiendo con el enemigo.