Reducir a una fría estadística la terrible situación de falta de servicio eléctrico del municipio costero de Yabucoa es cinismo a la máxima expresión.

Mientras la realidad de los yabucoeños es que más de la mitad de sus comunidades no tienen luz desde el paso devastador del huracán María, el 20 de septiembre pasado, la Autoridad de Energía Eléctrica mantiene su discurso de que está a punto de completar la reenergización del País.

Yabucoa tiene alrededor de 38,000 habitantes distribuidos entre el pueblo y nueve barrios. Según las autoridades locales, si el 60% de sus comunidades sigue sin reenergizarse, debe haber por lo menos 20,000 residentes sin luz ocho meses después de María. Pero la AEE dice que le falta por reenergizar menos del 1% de sus clientes, lo que la corporación pública traduce en 13,314 abonados.

Alguien le falta a la verdad y, a juzgar por el drama que viven miles de yabucoeños, no son ellos quienes mienten, sino la AEE y su manía de reducir a fríos números falseados lo que ocurre no solo en Yabucoa, que está en la costa suroriental, sino también en muchos otros lugares de la Isla, sobre todo en la montaña.

Además de la polémica por las estadísticas de la AEE, debe preocuparnos la espantosa lentitud de la corporación pública para completar el trabajo a pesar de la cantidad enorme de brigadas puertorriqueñas y de Estados Unidos que trabaja o ha trabajado en el problema, y la condescendencia –por no llamarle ineptitud—del gobierno en esta crisis.

La AEE está quebrada, es cierto. Yel resto del gobierno también. Pero el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y sus principales subalternos actúan como si administraran un país solvente y competitivo. Y se pelean públicamente con la Junta de Supervisión Fiscal y su mentalidad neoliberal que pretende resolver la crisis del Estado provocando una mayor crisis personal y colectiva en sus ciudadanos.

Se pelean para las gradas, porque al mismo tiempo aceptan convertir en realidad lo que propone la Junta, lo que ocurrirá independientemente del pataleo momentáneo y el pulseo del Senado. En la Cámara, nadie lo ponga en duda, acatarán todo lo que venga, lo que eventualmente también ocurrirá en el Senado.

Al final, serán los tribunales que atienden los pleitos entre gobierno y bonistas los que decidirán todo. Ni el gobernador, ni las cámaras legislativas, ni mucho menos los tribunales puertorriqueños, dirán la última palabra.

En esa maraña va envuelta la AEE, que el gobierno de Rosselló Nevares quiere privatizar como su forma de resolver la debacle provocada por años de administración ineficiente y, en unos casos, corrupta.

Si en ocho meses no han podido reenergizar a Yabucoa, ¿cómo van a devolverle al País la confianza en una red eléctrica vieja, maltrecha, ultradependiente del petróleo que, además, sigue malgastando el poco dinero que tiene en sueldazos y contratazos externos?

Con esas credenciales van a llegar al 2020 los gobernantes actuales y los de antes –que son igualmente culpables—y van a querer que los electores les dén un voto de confianza.

Veremos entonces cuán corta es nuestra memoria individual y colectiva. Yabucoa aparte, por supuesto, porque los yabucoeños no van a olvidar tan fácilmente.