El gobierno anda como toro acorralado cuyo instinto lo hace embestir a ciegas, tratando desesperadamente de probar que está en control de la crisis.

De ahí el “show of force” que ha trascendido ya el de los tiempos de Cerro Maravilla –el que se dirigía contra los independentistas– y ahora se ensaña con todos por igual.

Estudiantes, trabajadores del estado y de la empresa privada, profesionales, obreros, artistas, pensionados, beneficiarios de servicios de salud, en fin, todos los sectores de la sociedad puertorriqueña están sintiendo el empujón en sus espaldas.

El gobierno, despojado de sus escasos poderes autonómicos –sí, los había– responde así a la realidad política que enfrenta.

La Junta de Supervisión Fiscal manda. Lo acaba de demostrar sin disimulo al devolverle el proyecto de presupuesto para el año fiscal próximo al gobernador Ricardo Rosselló. No importa lo que digan Rosselló, Elías Sánchez o los presidentes de las cámaras, el presupuesto sometido para aprobación previa de la Junta fue rechazado.

La carta del presidente de la Junta, José Carrión, era cristalina: vamos a darle 14 días más para que resometa el documento debidamente revisado antes de que el organismo lo apruebe y permita que se le remita a la Legislatura para su aprobación.

Olvídese de lo que dice la Constitución. Lo que cuenta es PROMESA.

La mayoría legislativa, mientras tanto, se entretiene llevando leyes al límite de lo constitucional y de lo políticamente correcto, y dándole su aval a una serie de medidas neoliberales del gobernador, que no ha dudado en destrozar la Ley 45, obra de su padre, el exgobernador Pedro Rosselló.

Se hace de todo, y cualquier cosa, para no admitir lo inescapable: que Puerto Rico se enfrenta a un proceso de quiebra en el que poco, o nada, podremos argumentar en nuestra defensa. Si pagamos la deuda, cuánto pagamos y cómo pagamos, lo decidirán otros.

Por eso, hablar de demandar judicialmente a la Junta Fiscal es un disparate. La ley que impuso la Junta es clara y surge de un Congreso que reclamó sin ambages sus poderes plenarios sobre el territorio, que había sido pisoteado ya por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Sánchez Valle.

Pero, claramente algunos en el poder creen que pueden utilizar con la Junta la misma estrategia de aplanadora que están usando con el País. Veremos hasta dónde llegan.

El más burdo “show of force” es el del plebiscito, ese concurso de Miss Puerto Rico Estado 51 al que solo los favorecedores de esa opción política están invitados.

La Comisión Estatal de Elecciones, esa fórmula maravillosa que los políticos –de todos los partidos—inventaron para botar el dinero del pueblo, mantiene en el aire una costosa campaña de desinformación invitando a votar “por la descolonización” el 11 de junio.

Y como el Departamento de Justicia federal no ha aprobado aún las definiciones y parece que no llegarán a tiempo los $2.5 millones federales para la consulta, la Legislatura mágica se dispone a producirlos de donde sea. Seguramente que de la misma cajita de la que esta semana sacaron cerca de $24 millones para repartir un barril de tocino disfrazado entre un buen número de municipios.

Tanto despliegue de fuerza… de cara merece una secuela de “Show of force”, aquella película de Hollywood sobre los asesinatos de Maravilla. El guión que lo escriba Jacobo Morales, por favor.