Las acciones y las palabras de un político siempre deben coincidir. Cuando hay un desfase, ocurre lo que le ha pasado a Alejandro García Padilla en las postrimerías del mandato constitucional como gobernador que acaba de concluir hoy.

Hace pocos meses, cuando la atención de la ciudadanía estaba centrada en el sonado caso de corrupción del contratista Anaudi Hernández, García Padilla decía que los acusados en ese proceso “defraudan la fe que el País pone en ellos y contribuyen a la generalización que se hace de los servidores públicos”.

Es exactamente lo que ha hecho el propio García Padilla con los indultos otorgados en las últimas semanas a dos exalcaldes convictos por delitos de hostigamiento sexual contra subordinadas y a un tercero condenado por aceptar sobornos de contratistas municipales.

No importan las condiciones que García Padilla dice que les ha impuesto a los exalcaldes para concederles clemencia ejecutiva. Nada justifica su acción.

La corrupción, que puede manifestarse tanto a través de delitos económicos como sexuales y de otra índole, es inaceptable, independientemente de sus circunstancias.

Indultar a los exalcaldes Edgardo Arlequín, de Guayanilla, y Roberto Vera Monroig, de Adjuntas, así como al exejecutivo municipal de Vega Baja, Edgar Santana, transmite al País el mensaje equivocado.

Con su proceder, García Padilla les dice a los funcionarios y empleados públicos que pueden salirse con la suya si roban, chantajean, aceptan sobornos, acosan o mienten.

Se equivoca. Pero, lamentablemente, ahí queda el mal ejemplo con el que se despide García Padilla de la gobernación, defraudando la fe que el País puso en él y contribuyendo a la generalización que se hace de los servidores públicos, lo mismo que él decía de otros hace apenas unos pocos meses.

A confesión de parte, relevo de prueba.