Llevo varias semanas observando la discusión sobre la crisis fiscal del País, leyendo y escuchando a los políticos que, como de costumbre, ni observan, ni leen ni mucho menos escuchan.

La crisis es complicada, seguro. Y hemos llegado a un punto en que un paso al frente podría lanzarnos al vacío. Eso lo entendemos todos, creo.

Nos toca echar el resto a todos los ciudadanos. Todos incluye a los políticos, esos mismos que nos piden que confiemos en ellos, que saldremos mejor con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que nos van a devolver casi todo, si no todo, lo que paguemos y que, aquí viene lo bueno, que no tendremos que justificar lo que pagamos porque el Departamento de Hacienda lo calculará por su cuenta y nos enviará un chequecito tres veces al año.

Hacienda, la misma agencia que ha demostrado su incapacidad para enviar a tiempo los reintegros a que tienen derecho los ciudadanos que rinden sus planillas. La que en días pasados, “por error”, envió una nómina defectuosa que resultó en que muchísimos empleados públicos no cobraran su quincena correctamente.

La misma agencia que es incapaz de captar el Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) que pagamos por bienes y servicios pero no se le remiten a Hacienda. La que calcula muy bien los miles de millones que se le escapan a través de la evasión contributiva, pero no puede cobrarles a los evasores.

Para salir del embrollo en que estamos, lo primero que debemos hacer es estipular que el Departamento de Hacienda no cumple su responsabilidad constitucional de recaudar los impuestos.

Entonces, nuestra única salida tendría que ser reducir gastos. Pero, cuidado, que hay gastos imprescindibles, que son los que necesita el gobierno para operar y para darle servicio a la ciudadanía.

Lo que hay que cortar son los gastos innecesarios, como la friolera de contratos que acaparan muchos políticos, familiares, amigos y otras batatas.

Porque, dígame usted cómo es posible que un contratista, ofrezca los servicios que ofrezca, pueda tener diez contratos de 80 horas al mes y cobrar por las 80 horas en cada uno de esos contratos.

La semana de trabajo tiene 40 horas, 80 son dos semanas, por lo que un contratista con diez de esos contratos cobrará por 800 horas al mes. Ochocientas horas son el equivalente a 20 semanas de 40 horas.

Está bien que la Legislatura esté aprobando en estos días un proyecto para prohibir que todo aquel que ofrece servicios para los que requiere licencia o autorización legal, como son los médicos y los abogados, exija que se le pague solamente en efectivo.

Será una buena manera de combatir una parte de la evasión contributiva. Una parte, porque no son los médicos y los abogados, como clases profesionales, los únicos culpables de que Hacienda no pueda cobrar lo que corresponde.

Pero lo que quisiera ver sobre la mesa en la Legislatura son otras dos medidas.

La primera, un proyecto para limitar la cantidad y monto de los contratos gubernamentales que pueda tener un proveedor de servicios profesionales. Haga usted el ejercicio de mirar el registro de contratos de la Oficina del Contralor, escoja un contratista de servicios profesionales y cuéntele los contratos y a cuánto ascienden. Verá que encuentra algunos que se echan al bolsillo más de un millón de dólares al año.

La otra medida necesaria es una que prohiba el pago de sobresueldos a los funcionarios. Si usted ocupa dos cargos, o tres, o cuatro, ese es su problema: cobra por uno, el de mayor sueldo, si se quiere. Eso sí, también deberá imponerse un tope salarial.

No he sacado la cuenta, pero esas dos medidas seguramente resultarían en ahorros sustanciales en el gasto público.

Cuando menos, servirían de ejemplo y, si algo necesita este país, es que el gobierno deje de predicar con las manos en nuestros bolsillos.