Hace exactamenteun año, cuando conocimos el caso del ahora exjuez superior Reinaldo SantiagoConcepción, desaforado por el Tribunal Supremo por imputaciones de violenciamachista contra su esposa y de uso de drogas, planteamos en dos columnasconsecutivas la necesidad de resolver de una buena vez el problema de laselección de jueces idóneos.

Ahora, un añodespués, nos explotan en la cara una serie de casos de jueces de variostribunales que están bajo investigación de los federales o, cuando menos, de laOficina de Administración de los Tribunales.

El más dramáticoes el de la jueza superior Susana Serrano Mondesí, que absolvió a un hombre dela acusación de haber violado a una menor de 12 años porque la niña no eravirgen. Por supuesto que el Tribunal de Apelaciones, específicamente un panelintegrado por tres juezas, la revocó en una opinión en la que no escatimó en suindignación ante el proceder de Serrano Mondesí.

La OAT, que nohabía movido un lápiz cuando se produjo la absolución del acusado en elTribunal de Primera Instancia de Caguas, reaccionó entonces anunciando queevaluaría la conducta de la jueza y, si encontraba evidencia de actuaciónindebida, la enviaría a tomar cursos en la Academia de la Judicatura. Eso fueen abril y, a estas alturas, la “evaluación” no ha sido completada o,si lo fue, se mantiene en secreto como se estila en estos casos.

Una palmadita enla mano y un “eso no se hace” hubieran sido un castigo más severopara una jueza que, sin duda, ameritaba ser sometida a un procedimientoexpedito de destitución. Tal vez lo hagan ahora, cuando la presión mediáticalos obliga al revelarse varios casos de conducta cuestionable de parte dejueces.

Es verdad que,como dice el refrán, una golondrina no hace verano, pero también es cierto quelo que estamos enfrentando ya es toda una bandada de golondrinas muyveraniegas.

Les decía que endos columnas que publiqué en este blog en agosto de 2013, “La soga de lajusticia” y “Jueces”, planteaba que hay que ponerle fin a lapolitiquería que permea el nombramiento de jueces en este País.

Escribí en laprimera: “Mientras las nominaciones judiciales estén en manos delgobernante, por más que se diga que ejerce un poder conferido por laConstitución, el sistema de justicia seguirá a merced del capricho de loscofrades, de los amigos de turno, de los políticos de carrera que nunca pierdenaunque el pueblo los haya rechazado en las urnas”.

Abogaba en ambascolumnas por la creación de la carrera judicial, que no quiere decir hacercarrera en la judicatura.

Lo que requiereuna verdadera carrera judicial es que quienes interesen aspirar a la judicaturaen el futuro, reciban en la academia una sólida preparación especializada, másallá de la que recibieron para obtener el título de abogado. Una preparación queno pueda ser reemplazada por el título, ni por la buena nota en la reválida, nipor las maestrías y los doctorados, ni por la experiencia en la práctica delDerecho. Y que el gobernante, manteniendo su poder constitucional denominación, designe solamente a candidatos que hayan hecho la carrera judicial.

Eso nogarantizará que quienes, habiendo cumplido con los requisitos de la carrerajudicial, estén exentos de incurrir en conducta impropia, de faltar a la éticani de cometer actos de corrupción como los que se imputan a algunos jueces enestos días. Pero reducirá enormemente las probabilidades de que los juecestengan que enfrentarse al descrédito profesional y hasta personal, además deque terminará con la selección irresponsable de candidatos. 

Señalabaentonces, y repito ahora, que el poder nominador del Ejecutivo ha sido abusadoen numerosas ocasiones por más de un gobernador, haciendo nombramientosjudiciales por amiguismo, porque existe alguna relación con el designado, osimplemente por complacer a un amigo o a un colaborador político querecomiendan a tal o cual candidato. Y que el Senado, en el ejercicio de supoder de consejo y consentimiento, ha aconsejado poco y sido muy consentidor enocasiones.

Hay que atendercon manos limpias el asunto de la nominación de jueces, de todos los jueces,para impedir la entrada al sistema de quienes no merecen ser llamadoshonorables.