La factura de laluz es tal vez nuestra mayor preocupación ciudadana, pues incluso para losafortunados que tienen empleo resulta impagable, casi como la deuda pública.

Todos sabemosque el dichoso ajuste por combustible es responsable del alza desmesurada en lafactura que nos envía mensualmente la Autoridad de Energía Eléctrica.

Y sabemos,igualmente, que ese enorme costo agregado no tiene mucho que ver con el preciodel combustible que compra la AEE, sino que se trata de un explosivo coctel degastos de la Autoridad que no tienen que ver con lo que consumimos de luz peroque nos hacen pagar a los abonados.

Así queconvencidos ya estamos todos de que hay que cambiar las cosas.

El problema esque las propuestas que se debaten diariamente las entienden solo susproponentes pues, a pesar de los cientos de miles de dólares que corren por ahíen cabildeo a favor de una u otra, no se usa ni un chavo para hacer elejercicio de explicarle al país, en arroz y habichuelas, qué significa cada unay porqué debemos favorecer la que sea.

Hay queexplicarle al País lo que se propone, del mismo modo que hay que identificarclaramente a quiénes realmente proponen, de un lado y del otro.

El Centro parauna Nueva Economía, que lleva años estudiando con gran honestidad el problema yproponiendo soluciones, favorece el proyecto del presidente del Senado, EduardoBhatia, que crearía una comisión reguladora de electricidad con facultades muydefinidas de supervisión y fiscalización de la AEE.

Esa junta lequitaría a la AEE el poder de fijar las tarifas eléctricas, una facultad que lacorporación pública mantendría bajo la propuesta del gobernador AlejandroGarcía Padilla, que incluso integra el tema energético a la actual JuntaReguladora de Telecomunicaciones.

El CNE sostieneque el verdadero problema de fondo es la reglamentación del mercado eléctrico,que siempre ha estado en manos de la Junta de Gobierno de la AEE.

O sea, dice elCNE, esa junta de gobierno es juez y parte a la hora de decidir los términos ycondiciones aplicables a quienes buscan conectarse al sistema.

Nada de esocambiaría si vence finalmente la propuesta del gobernador, afirma el CNE, quedescarta la validez del argumento del Ejecutivo sobre costo-eficiencia.

Es cierto que seestaría creando un nuevo ente gubernamental con la junta reguladora que proponeBhatia y que defiende el CNE. Pero, resulta convincente el argumento del grupode economistas de que esa junta especializada puede costar de $3 a $5 millonesanuales, mientras que la AEE le cuesta a las empresas y a los consumidores,cada año, más de $1,000 millones  encargos ocultos en las fórmulas que usa para calcular la factura que recibimosmensualmente.

Entonces, ¿porqué no se ponen de acuerdo? Respuesta fácil: los grupos de interés.

Por un lado estáel llamado cartel del petróleo, que se lucra de la dependencia de la AEE sobreese hidrocarburo. Son, como los enumera el CNE, los suplidores, los traficantesde petróleo, los partidos políticos, los beneficiarios de subsidios, losempleados, los bonistas y sus banqueros, y personas con conexiones políticasque se han organizado para extraer beneficios de la AEE a costa del pueblo.

Pero, ¿acaso noexiste lo mismo del otro lado? Ese otro cartel agrupa los intereses de los quequieren reemplazar al del petróleo y entre ellos también hay suplidores,traficantes de otras energías, partidos políticos, bonistas y banqueros y, otravez, personas con conexiones políticas que se han organizado para extraerbeneficios de la AEE a costa del pueblo.

Son loscabilderos. Defienden por dinero, no necesariamente por convencimiento, unos uotros intereses. Por eso es importante que se les vean las caras, que se ponganen blanco y negro sus nombres, que el País sepa que hablan y actúan a nombre desus clientes.

Esta es laecuación: dar explicaciones claras, en lenguaje sencillo, y tener honestidadintelectual. Que de engaños y traiciones no puede seguir padeciendo estepueblo.