Uno de los argumentos más comunes para estar en contra de la huelga indefinida de la Universidad de Puerto Rico es la pérdida de la acreditación que otorga la Comisión de Educación Superior de la Middle States.

Ciertamente, la acreditación de la Universidad de Puerto Rico, uno de los activos más valiosos de nuestra isla, está en riesgo, pero no precisamente por la huelga indefinida, sino por los recortes propuestos por diferentes entidades, entre las que se encuentran: la administración Rosselló, la Junta de Control Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Uno de los requisitos de afiliación de la Middle States para acreditar la Universidad lee de la siguiente manera: “The institution has documented financial resources, funding base, and plans for financial development, including those from any related entities adequate to support its educational purposes and programs and to ensure financial stability”.

El presupuesto de la UPR para el año fiscal 2016-2017 fue de $1,011,829,000, de los cuales el 82.15% proviene de la fórmula gubernamental, según establecido en la ley núm. 2 de 1966, enmendada por la ley núm. 66 de 2014.

Un recorte escalonado de $512 millones como el que propuso la AAFAF, por ejemplo, sería un mortal golpe a la estabilidad financiera de la Universidad, que es uno de los estándares que establece la Middle States para proveer acreditación a una Universidad.

Por otra parte, otro de los requisitos que establece la Middle States para acreditar una institución educativa lee de la siguiente forma: “Institution has a mission statement and related goals, approved by its governing board, that defines its purposes within the context of higher education”.

Cuando estudiamos de cerca las condiciones que proponen los estudiantes para terminar la huelga y vemos que la auditoría de la deuda es uno de los supuestos, se puede llegar a la conclusión de que el estudiantado está cumpliendo una de las misiones de la institución académica:

“Colaborar con los organismos, dentro de las esferas de acción que le son propias, en el estudio de los problemas de Puerto Rico y estar a la vanguardia en la búsqueda de soluciones efectivas a los mismos” (Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966).

Si la preocupación real es la acreditación de la Universidad de Puerto Rico, el problema real que hay que atajar no es la huelga, sino los recortes presupuestarios propuestos. No perdamos de perspectiva que la huelga es la reacción de un sector mayoritario de la Universidad – según la participación en las asambleas – a un problema que no ocasionó el estudiantado.

Entonces, ¿qué hace peligrar la acreditación universitaria? Ahí están los datos.