Las elecciones son el fundamento de una sociedad democrática. Solo es posible alcanzar un desarrollo socioeconómico sustentable y enfrentar cualquier crisis en democracia. Lo contrario, está destinado inevitablemente al fracaso. Lamentablemente, nuestro sistema electoral disuade a la mayor parte de los ciudadanos decentes y mejor preparados a servirle a Puerto Rico desde la política y el servicio público. Un sistema electoral que desalienta la excelencia es un serio impedimento para el progreso del País, por lo que urge regenerarlo.

Los partidos políticos tienen una misión que cumplir en nuestra sociedad, pero no debe ser a través de ellos la única forma en la que un ciudadano pueda servir a su país desde la política. Para lograr una sociedad más democrática, que represente los múltiples intereses de sus miembros, es necesario que se limite la injerencia de los partidos políticos en la administración de los procesos electorales. Con este propósito, propongo sustituir la Comisión Estatal de Elecciones por un Tribunal Electoral Puertorriqueño completamente independiente de los partidos políticos, cuyos miembros sean nombrados mediante procesos completamente al margen del partidismo imperante que nos destruye.

Asimismo, la democracia puertorriqueña será más sólida si se adopta el voto proporcional y si se facilita el proceso para inscribir partidos políticos y candidaturas independientes. La adopción de la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos al poder ejecutivo con más votos debe ser adoptada para garantizar que ningún gobierno futuro tenga menos del 50% del apoyo electoral. Además, porque la política es negociación y diálogo, es necesario permitir y fomentar las alianzas y pactos políticos que hoy día la Ley Electoral de Puerto Rico, por influencia indebida de los partidos, insensatamente prohíbe.

De igual forma, el pueblo ha manifestado su deseo de un sistema unicameral legislativo con una cantidad reducida de legisladores que contará con un cuerpo unificado de personal administrativo y ayudantes profesionales que los asistirán. También propongo regresar al sistema de legisladores ciudadanos, quienes recibirán una dieta mensual, pero continuarán en sus respectivos trabajos profesionales. De este modo disuadimos el carrerismo político que ha convertido los puestos legislativos en un mercado de influencias.

Un mayor control del proceso electoral debe ser promovido, limitando el periodo electoral a tres meses, garantizando igual acceso a la publicidad, que cada partido se comprometa a limpiar su propaganda electoral, introducir un periodo de reflexión electoral 48 horas antes del evento electoral en el que se prohíbe toda campaña y prohibir la publicación de encuestas dos semanas antes del evento electoral para limitar su influencia.

Igualmente, considero que el uso de fondos privados en los partidos políticos debe ser eliminado, y que debe recaer en los candidatos y los partidos políticos demostrar el uso adecuado, creativo e inteligente de fondos públicos limitados a la hora de solicitar el voto de los puertorriqueños.

El término del gobierno electo debe ser ampliado a cinco años, con una limitación de dos términos consecutivos. Sería de gran provecho incluir la figura del suplente electo en los cargos legislativos para evitar elecciones especiales en caso de muerte, renuncia o destitución del funcionario electo.

Por último en el ámbito electoral, debemos estudiar la posibilidad de establecer cuotas de género para garantizar igual proporción de hombres y mujeres en puestos electivos y de gobierno, e incluir un representante de la emigración puertorriqueña en la legislatura.

Una regeneración del poder judicial para garantizar la despolitización e independencia de los tribunales es indispensable y necesaria. Se deberá crear una carrera judicial y de fiscales formadas por oposición. El poder ejecutivo dejará de nominar jueces y fiscales, y la legislatura dejará de confirmarlos. Un panel judicial nominará y fiscalizará jueces y fiscales, y los propios jueces del Tribunal Supremo escogerán su propio presidente y llenarán sus propias plazas vacantes con miembros electos de la carrera judicial. Asimismo, se debe garantizar un porcentaje del presupuesto nacional para el poder judicial que no pueda ser modificado por los poderes ejecutivos y legislativos, garantizando así una justicia igual e imparcial para todos.

Si logramos las mayorías de estas reformas estoy convencidos de que lograremos una sociedad más democrática, igualitaria y participativa, principios que han de ser los cimientos de un Puerto Rico próspero.