“¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”

Esta será pregunta que el próximo 2 de octubre de 2016 lo colombianos contestarán para poner fin a un conflicto armado interno que ha durado más de medio siglo y ha causado más de 200 mil muertos, 700 mil viudas y huérfanos, 25 mil desaparecidos y 5 millones de desplazados.

No me cansaré en destacar la importancia del fin del conflicto para América Latina y el Caribe, comparable al comienzo del desbloqueo entre Cuba y los Estados Unidos.

La última palabra la tendrán los colombianos. No será fácil. Aunque parecería que la respuesta de los colombianos será afirmativa, el acuerdo de paz no es perfecto y otorga onerosas concesiones a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), lideradas por Rodrigo Londón Echeverry, alias Timochenko. Esas concesiones han encontrado la oposición del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, hoy senador y líder del partido Centro Democrático, y exjefe del actual presidente, Juan Manuel Santos.

El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, culminado el 24 de agosto de 2016, y que será suscrito oficialmente en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016, tiene 297 páginas y es un complejo laberinto jurídico no fácil de entender.

Los seis puntos principales del Acuerdo son: el desarrollo agrario integral; la participación política; las drogas ilícitas; el fin del conflicto; las víctimas; y la verificación final. Su implementación tiene dos etapas: un plan de choque de 18 meses con proyectos de respuesta rápida; y un programa transformador en un período de 10 años.

No será fácil, más bien traumático, promover el perdón y la reconciliación, desmovilizar, reconocer y asumir los crímenes. Ni hablar de la reparación a las víctimas; la inevitable incorporación de la guerrilla a la vida política; la erradicación de cultivos ilícitos; y la purga de una burocracia ineficaz.

Un escenario de rechazo al Acuerdo es impensable y de consecuencias imprevisibles. Supondría dar al traste de años de negociones y sacrificios, y el regreso al conflicto. Sería un suicidio político y socioeconómico el que los colombianos se dejen seducir por aquellos que se resisten a vivir en una Colombia en paz. Tengamos presente que los principales enemigos de la paz son aquellos, personas e instituciones, que viven del conflicto interno armado y no conocen otra forma de vida.

Aunque que el acuerdo con las FARC-EP representa un paso histórico hacia la paz, aún queda pendiente el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Ya en marzo de 2016 se iniciaron las negociaciones con el ELN que se espera tengan el mismo derrotero.

Aún se está por ver si Colombia se puede acostumbrar a la paz, y dejar atrás toda una sociedad organizada y acostumbrada alrededor del conflicto armado interno. Prácticamente, todos los colombianos no conocen otra vida que la de vivir junto al conflicto, y comenzar esta nueva etapa será toda una novedad y un reto. Ya nunca más podrá ser el conflicto armado una excusa para los gobiernos para no cumplir sus promesas y alcanzar el desarrollo socioeconómico sustentable.

¡Que viva Colombia en Paz!