Desde hace algún tiempo vengo escuchando a varios líderes del Partido Popular Democrático (PPD) haciendo referencia a la Resolución (res.) 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) titulada, “Relaciones de amistad entre los Estados.” Y la traen a colación con el único propósito de crear la ilusión de que existe una cuarta formula de estatus posible, además de la anexión, la independencia o la libre asociación, para encasquetar allí al Estado Libre Asociado desarrollado, al parecer dentro de la cláusula territorial como territorio no incorporado de los Estados Unidos (o sea colonial), en el cual están empeñados.

Confieso que en un principio no le otorgué la más mínima importancia a semejante planteamiento, despachándolo como otra elucubración más de las que nos tienen acostumbrados la florida y folclórica política puertorriqueña. No obstante, y para mi asombro, el presidente del PPD, Héctor Ferrer Ríos, presentó recientemente un decálogo, se diría que para un Puerto Rico ubicado en otros tiempo al que vivimos, cuyo punto 10 hace referencia a la res. 2625 (XXV), buscando encajar a la fuerza al Estado Libre Asociado desarrollado dentro de las cuatro alternativas de autodeterminación de los pueblos.

Como internacionalista, académico y puertorriqueño que soy, tengo la responsabilidad de denunciar ante la nación puertorriqueña el engaño descarado y burdo de ese planteamiento.

Debemos tener claro, muy claro, que la res. 2625 (XXV) no trata sobre descolonización o autodeterminación de los pueblos, por lo que NO forma parte del derecho de descolonización. Ningún tratado, código o texto de derecho internacional público reconocido, en su apartado de derecho de descolonización, tan siquiera menciona la res. 2625 (XXV). La frase incluida en la resolución “(…) cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo (…)”, hace referencia a cualquier otro nombre que se le quiera dar a una fórmula de estatus que cumpla con el derecho internacional público y de descolonización, según lo establecen las resoluciones de la ONU 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960, la 1541 (XV) del 15 de diciembre de 1960 y la 1654 (XVI) del 27 de noviembre de 1961. Las tres resoluciones antes mencionadas conforman el derecho de descolonización reconocido internacionalmente, y no la res. 2625 (XXV) que, como señalé, trata sobre las relaciones de amistad entre los Estados soberanos.

Afortunadamente, el derecho internacional público y de descolonización es cristalino y reconocido por todos. Se debe tener muy presente que otras interpretaciones, opiniones o elucubraciones no cambian el derecho vigente y aceptado. Mientras los puertorriqueños combatan, ataquen e interpreten a conveniencia el derecho de descolonización no podremos avanzar hacia la autodeterminación y descolonización. Basta ya de creernos especiales, únicos e inmunes de cumplir con las leyes que regulan la convivencia de la Humanidad. No se trata de ser dogmático e inflexible, sino de ser realista, honesto y respetuoso de la ley internacional.

La frase de la res. 2625 (XXV) en las que algunos en el PPD han puesto sus esperanzas y frustraciones para validar al Estado Libre Asociado colonial no puede ser leída acomodaticiamente, fuera de contexto y separada del resto de la resolución, la cual deja muy claro que se debe cumplir con el derecho de descolonización. Incluso, esa supuesta cuarta formula de estatus no es definida en la resolución, ya que se sobreentiende que el derecho de descolonización así lo hace. Es tan absurdo y ridículo el planteamiento del actual liderato del PPD que no existe un Estado en el mundo que haya sido descolonizado en virtud de la res. 2625 (XXV), ni pueblo colonizado que la invoque.

El prócer norteamericano Benjamín Franklin dijo en cierta ocasión que no hay mejor política que la honestidad. El PPD ha comenzado con el pie izquierdo su última oportunidad para volver a ser relevante. En el momento histórico en que se encuentra el País, el PPD tiene una oportunidad providencial para corregir el dilema colonial y encaminar a Puerto Rico hacia un futuro viable, real y posible. Si, por lo contrario, insiste en ofrecer respuestas amañadas y en darle continuidad a estilos prehistóricos de un pasado ya caduco para camuflar el coloniaje, le auguro un fracaso estrepitoso y, con ello, su intrascendencia y suicidio político.

En mi caso, declaro no estar disponible para defender o promover ninguna fantasía seudo intelectual que no descolonice, y que más bien busque perpetuar la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. En cambio, todo puertorriqueño y norteamericano de buena voluntad que pretenda descolonizar a Puerto Rico, apegado rigurosamente al derecho internacional público y al derecho de la libre determinación de los pueblos, me encontrará a su lado.