Si en 1999 hubiese aceptado la oferta de clemencia del presidente Bill Clinton – la cual rechazó porque no se incluyó a otros dos de sus compañeros del grupo clandestino Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), liberados después-, hace más de cinco años que estaría en casa.

Por eso, aunque el proceso siga la formalidad tradicional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en vez del presidente Obama hacer uso directo de su poder constitucional de indulto, realmente el gobierno federal no tiene nada nuevo que examinar. El propio presidente Obama, que se hizo político en Chicago (Illinois), conoce muy bien el caso.

En teoría, bajo análisis aquí en Washington están las mismas realidades, argumentos  y opiniones que estuvieron en el despacho del ahora saliente secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, hace 16 años, cuando el funcionario era entonces el subsecretario de Justicia.

Con el paso del tiempo, López Rivera – quien cumple una sentencia de 55 años que subió a 70 tras imputársele un intento de fuga -, se ha convertido en el prisionero político que más tiempo ha estado en cárceles estadounidenses. En mayo cumplirá 34 años en prisión.

El reclamo humanitario a favor de su excarcelación, en medio del consenso de que no importa lo que se piense sobre sus actividades revolucionarias su castigo ha sido más que suficiente, ha sido acogido por premios Nobel de la Paz, jefes de estados, el gobernador de Puerto Rico, el comisionado residente en Washington, la Legislatura puertorriqueña, todo el movimiento independentista, los sindicatos, líderes religiosos y el pueblo en general.

Sobre pocas cosas, como el caso de López Rivera, se ponen de acuerdo los presidentes de los tres partidos políticos inscritos de Puerto Rico.

En su más reciente entrevista con El Nuevo Día,  López Rivera expresó que percibe que la decisión del presidente Barack Obama sobre su petición de clemencia no está  “muy, muy cerca”. Pero, coincide con muchos otros que piensan que el presidente Obama tendrá que decidirla antes de dejar el cargo.

Si sigue el patrón de otros expresidentes, Jimmy Carter con los nacionalistas, y Bill Clinton con miembros de la FALN y Los Macheteros, la decisión debe tomarse este mismo año.

Carter indultó a los nacionalistas Lolita Lebrón, Irvin Flores, Oscar Collazo y Rafael Cancel Miranda en septiembre de 1979. Por razones de enfermedad, ya había excarcelado a Andrés Figuera Cordero.

Clinton otorgó clemencia a una docena de prisioneros vinculados con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y Los Macheteros en agosto de 1999.

En ambos casos se trató del año entre medio de las elecciones legislativas y las presidenciales. En el caso de Clinton, ya había pasado su última elección, exactamente el escenario bajo el cual está el presidente Obama en 2015.

El proceso de decisión del presidente Obama va a estar amarrado de los intereses políticos. Así son las cosas, gusten o no.

Los congresistas boricuas dan por sentado que el proceso de transición en el Departamento de Justicia no favorece una decisión muy, muy pronta. La esperanza es que la designada secretaria de Justicia,  Loretta Lynch, sea confirmada en febrero.

Unos meses más son años para una persona de 72 años.  Lo fácil para el presidente Obama es liberarlo en diciembre de 2016, antes de dejar el puesto. Pero, sería demasiado fácil.

Políticamente los recesos legislativos de agosto son atractivos para los presidentes tomar decisiones difíciles. En el receso posterior a las elecciones legislativas, el presidente Obama anunció las acciones ejecutivas sobre inmigración.

Cuando el Congreso terminó sus trabajos de la sesión 113, en diciembre, entonces dio a conocer la determinación de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba.

De una u otra forma, 2015 tiene que ser el año. Ya es suficiente.