El liderato demócrata de la Cámara de Representantes ha anunciado que quiere tratar de lograr un consenso en su caucus sobre un proyecto referente al futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico.

Los esfuerzos están a cargo del líder de la mayoría demócrata cameral, Steny Hoyer (Maryland).

El camino es bien cuesta arriba.

Hay escollos que pueden parecer insalvables en este momento si se quiere lograr el próximo semestre un proceso importante que permita consultar a los puertorriqueños de la Isla sobre su futuro político.

Por ejemplo, es evidente que un proyecto pro estadidad tiene el camino bloqueado en el Senado, como han corroborado  líderes demócratas y republicanos.

Además, contrario a las medidas presentadas en la Cámara baja, es improbable que se decida convocar a un referéndum de alternativas de status que excluya el territorio, si se toman en cuenta la política pública del Ejecutivo estadounidense, por medio del Departamento de Justicia, y las maniobras del pasado – como ocurrió con la legislación aprobada en la Cámara baja en 2010-, para mantener la condición territorial vigente como opción.

Pese a que un 54% de los puertorriqueños votó en contra del status colonial en 2012, Estados Unidos- como suele hacer con las consultas criollas en Puerto Rico-, miró para el otro lado. Eliminar la opción territorial es para Estados Unidos una discusión delicada, en momentos en que tiene otros cuatro territorios que ni se han planteado recientemente un cambio de status y tienen aun más bloqueado el camino a la estadidad.

El debate, al mismo tiempo, se da en momentos en que la crisis fiscal y de deuda pública sigue vigente.  Se intenta concluir el proceso de reestructuración de la deuda pública en 2022, pero de una u otra forma la ley Promesa mantendrá una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) – basada en la condición territorial vigente-, sobre el gobierno electo de la Isla por lo menos hasta junio de 2025.

Históricamente, ha habido renuencia de parte del gobierno de Estados Unidos a detallar las consecuencias de encaminar la Isla hacia su soberanía política o la estadidad. El Congreso de Estados Unidos nunca ha regulado un referéndum en el que precise cuales son las alternativas de status para la Isla y un potencial proceso de transición.

Esta vez los esfuerzos encuentran a Washington D.C. más polarizado.

La división en el caucus demócrata sobre los proyectos de status – 77 respaldan la legislación de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez a favor de una Convención de Status y un referéndum de alternativas de status, y 61 suscribieron el proyecto pro estadidad de Darren Soto y la republicana Jenniffer González-, palidece frente a las agrias batallas partidistas en el Senado y la Cámara baja, y en la política estadounidense a nivel nacional.

Los demócratas tienen una frágil mayoría en la Cámara de Representantes y controlan el hemiciclo del Senado por la mínima diferencia, 51-50, cuando se incluye el potencial voto rompe empates de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Un proyecto de status requeriría 60 votos en el Senado para ir a una votación final y no hay indicio alguno de que un proyecto demócrata de consenso pueda encontrar colaboración de la minoría republicana en los tiempos de Donald Trump. Ni un solo republicano ha coauspiciado en el Senado la legislación pro estadidad. Con excepción de la comisionada González, ningún otro republicano paracer participar de las discusiones en la Cámara baja.

A la polarización política en Washington y falta de voluntad del gobierno de Estados Unidos para encaminar un proceso de libre determinación de Puerto Rico, se suma el hecho que en ocasiones queda olvidado que no solo los electores de la Isla están divididos en torno al status, como reflejó el 52.5% de los votos que obtuvo la estadidad en 2020.

El gobierno de Puerto Rico está fragmentado. El gobernador Pedro Pierluisi es el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) que defiende la estadidad.

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, encabeza una mayoría del pro status quo Partido Popular Democrático (PPD) que domina por la mínima diferencia (26-25) ese cuerpo legislativo.

La situación es aún más complicada en el Senado, donde el presidente, José Luis Dalmau Santiago – a su vez presidente del PPD-, dirige un caucus que tiene una mayoría simple. De los 27 senadores, el PPD controla 12 escaños.

Si por vez primera en 123 años Estados Unidos estuviera dispuesto a consultar a los electores de la isla sobre su futuro político, al gobierno de la Isla le tocaría ponerse de acuerdo sobre la implantación de ese proceso.

Nadie parece haber puesto en aviso al liderato legislativo de la Isla sobre las negociaciones internas en el caucus demócrata.

Dalmau Santiago ha dado por muerto el debate en el Congreso y ha intentado formar una mesa de diálogo desde el Senado sobre cómo encaminar un proceso a nivel local, tomando en cuenta que el gobierno de Puerto Rico tiene disponible, ocho años después, el lenguaje de una ley de enero de 2014 que permitiría al Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobar las definiciones de status y la campaña educativa de un nuevo referéndum.

En dos ocasiones el pasado cuatrienio, el gobierno de Puerto Rico desistió de esperar por la evaluación final del Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno a las consultas de 2017 y 2020. Ese lenguaje de la ley de enero de 2014 evidentemente no entusiasma a los políticos de la isla, pues no compromete al Congreso.

No obstante, teniendo en cuenta que las posibilidades de avanzar un proyecto federal sobre el status político de Puerto Rico caen a su nivel más bajo en los últimos dos años del cuatrienio- sobre todo si los republicanos recuperan por lo menos la Cámara baja -, esa ley de 2014 quedaría disponible, otra vez, por si las autoridades de la Isla quieren entrar en un proceso de diálogo con el Ejecutivo estadounidense.

¿Querrán hacerlo?

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