José Carrión III y Carlos García estarán fuera, en cuestión de unos meses.

Otros están en la puerta de salida.

Julio ha sido este cuatrienio un mes muy particular.

El 24 de julio pasado renunció el entonces gobernador Ricardo Rosselló Neváres, quien avergonzó – junto a su club de amigos y subalternos- al país, al conocerse su conducta en un chat en el que, en ocasiones como niños, se burlaban de su pueblo.

Ahora, justo al empezar el mes, se van dos de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que por decisión del Congreso controla las finanzas públicas, incluido el presupuesto, del gobierno electo de la Isla.

Es casi un 30% de los que mandan a nivel local.

Pero, vienen más renuncias o ceses. El coordinador federal para la Reconstrucción, Peter Brown, ha pronosticado que serán “múltiples” las bajas en el ente fiscal.

Los nombramientos de los siete miembros de la JSF, hechos por el entonces presidente Barack Obama, vencieron el 30 de agosto de 2019, por lo que la continuidad de toda la primera junta pende de un hilo desde hace 10 meses  – sin hablar del caso judicial que el Tribunal Supremo estadounidense resolvió a su favor el mes pasado.

Bajo la ley Promesa, el presidente de EE.UU. puede – como validó el Tribunal Supremo -, seleccionar seis de los siete miembros del ente fiscal por medio de ternas que le presentan los líderes del Congreso.

Tanto el presidente o presidenta de la Cámara baja como el líder o la líder de la mayoría del Senado pueden proponer cada uno dos de los miembros de la JSF que nombraría el presidente de Estados Unidos.

Los jefes de la minoría de ambas cámaras, mientras, proponen uno cada uno.

El séptimo integrante del ente fiscal tiene que ser nombrado directamente por el presidente de Estados Unidos.

Bajo la ley, está muy claro que inicialmente el presidente de Estados Unidos tenía la opción de someter directamente los siete nombramientos al Senado. El calendario, no obstante, era muy apretado para asegurar la puesta en marcha de la Junta.

Hay abogados que piensan que esta vez el presidente Trump está impedido de escoger los siete miembros con el consejo y consentimiento del Senado, pues la ley dice que las vacantes deben ser llenadas de la firma forma en que fueron nombrados originalmente.

Otros piensan que la ley deja espacio para argumentar que el poder de nombramientos del presidente de Estados Unidos no venció con su antecesor. Si Trump decidiera retar a los demócratas del Congreso y enviar los siete nombramientos al Senado, probablemente reviviría una controversia judicial sobre la ley.

Pero, además tendría un camino tortuoso para lograr la confirmación de esos funcionarios este semestre. Solo el examen del historial de las personas, por parte del FBI, tomo unos dos meses en 2016. Y el Senado tiene previsto recesar en agosto y octubre.

Lo más probable, sin embargo, es que haya un acuerdo para utilizar el método alternativo y mantener el espíritu bipartidista que tuvo la redacción y creación de la ley Promesa, que hundió a Puerto Rico en su condición colonial.

Si la decisión es seguir el método alternativo, más aún debe esperarse que surjan otras vacantes.

Cuando la ley se aprobó el verano de 2016, el presidente Obama designó directamente a José Ramón González, quien como García fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Carrión III y García fueron recomendados por el entonces presidente cameral, el republicano Paul Ryan. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, escogió a Andrew Biggs, del grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI) , y al profesor de Derecho Corporativo David Skeel.

La ahora speaker Nancy Pelosi, entonces líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, propuso a Ana Matosantos. Mientras, por recomendación del ahora líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, el entonces jefe de ese grupo parlamentario, Harry Reid, impulsó al ex juez de quiebras Arthur González.

Al final, los republicanos controlaron los nombramientos de 4 de los miembros del ente fiscal. Los demócratas decidieron los otros tres.

Si solo salieran ahora de la Junta Carrión y García, bajo el mecanismo alternativo, Trump tendría que escoger de las listas que presente la speaker Pelosi. Sin renuncias adicionales, entonces los demócratas habrían determinado 5 de los siete nombramientos. Pelosi, habría influenciado sobre tres.

Aunque el presidente Trump pueda tener poco interés sobre este asunto, no hace sentido que los republicanos permitan que este cuadro político se quede así, pues bajo la realidad de hoy tienen el poder de mantener el mismo equilibrio partidista vigente.

Carrión pareciera haberse sentido sin apoyo suficiente de Washington, lo que puede tener como fundamento la salida de Paul Ryan de la Cámara baja federal y el hecho de que el congresista republicano Rob Bishop quedó desde enero de 2019 en  la minoría en el Comité de Recursos Naturales, que supervisa la Junta.

Pero, Carrión – quien ha donado $38,950 a los republicanos desde que asumió la presidencia de la JSF y es parte del comité Latinos con Trump-, con toda probabilidad no ha dimitido para permitir que Nancy Pelosi influencie en los nombramientos de tres de los siete miembros del ente fiscal.

Por mucho tiempo se ha dicho que José Ramón González está listo para dejar su puesto, aunque los demócratas verían con buenos ojos que espere a enero de 2021 a ver si Joseph Biden vence en noviembre a Donald Trump. Trump, sin embargo, lo puede sustituir cuando quiera.

Después de ser nombrada en enero de 2019  como secretaria del gabinete del gobernador de California, Gavin Newson, se pensó que Ana Matosantos duraría poco en su puesto.

Más recientemente Newson la nombró ‘zar’ de asuntos energéticos del gobierno de California, después de que el estado se enfrentara a prolongados apagones en el servicio de la empresa Pacific Gas & Electric Company (PG & E).

Con solo el líder de la minoría republicana cameral, Kevin McCarthy, decirle a Trump que está listo para proponerle un candidato, la sustitución de Matosantos sería inminente. Por supuesto, Pelosi pudiera proponerla nuevamente entre sus candidatos, si es que Matosantos quiere seguir en la Junta, lo que está en duda.

Los movimientos en la JSF sobre José Ramón González y Matosantos no son necesariamente los próximos, pero son los más probables.

Todo este remezón aviva las discusiones extraoficiales sobre a quienes querrán nombrar  los republicanos, en primer orden Trump y McCarthy.  Los nombres que se mencionan preliminarmente incluyen a un veterano economista que trabajó en el gobierno de George W. Bush y un ex oficial de finanzas en Utah.

Es temprano para dar por seguro quienes estarán en las listas republicanas. Menos aún en las demócratas, que apenas comienzan sus conversaciones para tratar de influenciar las recomendaciones de la speaker Pelosi.

Solo un recordatorio de cara al próximo proceso de nombramientos. Los miembros con plenos derechos de la Junta deben tener, de acuerdo al estatuto, “conocimientos y experiencia en finanzas, mercados de bonos municipales, gerencia, derecho, o sobre la organización o funcionamiento de negocios o del gobierno”.

Como muchas recuerdan, no pueden ser funcionarios electos o empleados del gobierno de Puerto Rico, ni ser candidatos a cargos electivos o exfuncionarios electos del gobierno territorial.

Debido a que aún no se ha logrado el plan de ajuste ni la reestructuración de la deuda del gobierno central, cobra importancia que a pocos meses de las elecciones de noviembre, el gobierno federal parezca encaminado a imponer la versión 2.0 de la Junta.