La falta de respaldo para derogar la ley Promesa o eliminar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico es otro mensaje claro de que una solución al problema colonial no está en la mira de Washington.

Promesa, hace cuatro años, hundió a Puerto Rico en su relación colonial con Estados Unidos.

El viernes, después de tener el asunto bajo examen desde el inicio de esta sesión, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva, presentó el proyecto de ley que busca enmendar Promesa.

Grijalva es uno de los legisladores federales más progresistas. Y su proyecto tiene el coauspicio de los cuatro congresistas puertorriqueños- Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez, José Serrano y Darren Soto-, todos demócratas y quienes son coautores originales de la medida.

Los cuatro, como Grijalva, que hasta hace poco lo copresidió, son miembros del Caucus Progresista del Congreso.

Pero, Ocasio Cortez, sobre todo, se ha convertido en una de las más importantes voces liberales en Estados Unidos.

Su apoyo al proyecto de Grijalva acentúa la realidad de que no hay ambiente en el Congreso para derogar la ley Promesa, que creó la JSF y un sistema judicial de bancarrota que solo puede existir bajo el status territorial/colonial de Puerto Rico.

Tan improbable es acabar con Promesa a corto plazo, que se da como un hecho que las enmiendas propuestas por Grijalva y los congresistas boricuas – que dejan vigente la Junta-, no avanzarán en el Senado, de mayoría republicana.

Grijalva, quien preside el comité cameral con principal jurisdicción sobre la isla, quiere de todos modos dejar el récord claro en la Cámara baja federal, y aprobar la medida en esta sesión.

Considera que será una forma de ponerle el asunto en la agenda de los demócratas para la próxima sesión, que comienza en enero de 2021, con la esperanza de que no solo tengan control del Congreso sino de que hayan ganado la Casa Blanca.

Dos de las propuestas más fundamentales de la legislación persiguen crear una comisión para auditar la deuda – con representación multisectorial de la Isla-, y cancelar gran parte de la deuda pública, en referencia a las obligaciones que no tienen una fuente de repago específica.

La efectividad de esas propuestas puede depender de cuanto haya avanzado el proceso de reestructuración de la deuda. La Junta quería hacer el ajuste de toda la deuda este semestre. Las emergencias de los terremotos y el coronavirus han trastocado esa meta.

Como pronto, no habrá una reordenación de la deuda hasta el próximo año fiscal, lo que alarga – por lo menos- hasta junio de 2025 la presencia de la Junta, pues no se podrá comenzar a equilibrar presupuestos hasta el año fiscal 2021-2022 en el mejor de los casos y la ley requiere cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva, además de acceso a mediano y largo plazo a los mercados financieros, a tasas razonables.

Es un hecho que bajo Promesa el próximo gobernador electo sin Junta será, si las cosas no se complican más, en 2028.

Mientras tanto, podrán cambiar los miembros de la junta – la decisión sobre la constitucionalidad o no de sus nombramientos debe llegar en junio-, pero su poder puede seguir intacto y el gobernador de turno tendrá que rendirle cuentas.

Esa realidad no desincentiva que distintos sectores quieran derogar Promesa y que se presione para descolonizar la Isla. Pero, no se puede ignorar.