Los hechos han quedado mucho más claros después de dos semanas de audiencias públicas del Comité de Asuntos de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU., que tiene en sus manos la investigación formal sobre un potencial proceso de destitución en contra del presidente Donald Trump.

Según múltiples testimonios, Trump presionó al gobierno de Ucrania en busca de condicionar la entrega de asistencia militar y concederle una reunión en la Casa Blanca a su nuevo presidente, Volodomir Zelensky.

Para conceder la asistencia militar y la reunión, Trump reclamó a Zelensky que Ucrania por lo menos anunciara su intención de investigar al ex vicepresidente Joseph Biden, su hijo Hunter, la empresa de gas Burisma y la teoría, desacreditada por funcionarios y ex funcionarios del propio gobierno estadounidense, de que Ucrania interfirió con las elecciones de EE.UU. de 2016.

Hunter Biden fue miembro de la junta de directores de Burisma, empresa que en algún momento pudo estar en la mira de la fiscalía ucraniana antes que el entonces vicepresidente Biden y líderes de la Unión Europea solicitaran la renuncia del que fuera fiscal general de Ucrania Victor Shokin, por considerar que era muy débil en la lucha contra la corrupción.

Joseph Biden es ahora uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial demócrata y por ende uno de los oponentes políticos del presidente Trump.

La prueba que puso en marcha la investigación en la Cámara baja federal fue la conversación telefónica del 25 de julio en la que el presidente de EE.UU. pidió, como un favor, las investigaciones al presidente de Ucrania y la cual alarmó a miembros del equipo del gobierno federal a cargo de los asuntos de la seguridad nacional estadounidense.

Un denunciante anónimo alertó al Congreso y al Inspector General de la comunidad de inteligencia que Trump estaba estableciéndole condiciones de beneficio personal político como condición para tomar acciones oficiales.

En las audiencias, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, indicó que al otro día de la conversación telefónica del 25 de julio entre Trump y Zelensky,  el presidente de Estados Unidos le preguntó directamente, en una llamada que le hizo desde Kiev, si el gobierno de Ucrania había decidido anunciar “las investigaciones” solicitadas.

El embajador Sondland declaró además que el abogado personal de Trump, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, era quien ejecutaba las instrucciones de Trump para reclamar las pesquisas y quien le confirmó que a Ucrania se le reclamaba que “hiciera una declaración pública anunciando investigaciones de la elección de 2016/el servidor del DNC -Partido Demócrata de EE.UU.-, y Burisma”.

Sondland testificó que era indudable que Trump buscaba – como un ‘quid pro quo’ -, que Zelensky iniciara investigaciones sobre la empresa Burisma y la teoría conspiratoria de que Ucrania interfirió con las elecciones estadounidenses de 2016, como condición para concederle una reunión oficial en la Casa Blanca.

Más aun, dijo esas condiciones “no eran un secreto” y que “todo el mundo” lo sabía, en referencia al vicepresidente Michael Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, entre otros.

“¿Hubo un ‘quid pro quo’? Con respecto a (una) llamada solicitada de la Casa Blanca (al presidente Zelensky) y la reunión en la Casa Blanca (que quería el gobierno ucraniano), la respuesta es sí”, indicó Sondland cuando declaró el 20 de noviembre ante el Comité de Asuntos de Inteligencia.

Aunque dijo que Trump nunca se lo confirmó directamente, Sondland sostuvo que se convenció además de que el presidente de EE.UU. ordenó retener durante casi dos meses la asistencia militar de $391 millones a Ucrania en busca de que el presidente Zelensky iniciara las investigaciones que había solicitado.

Un funcionario de la embajada de EE.UU. en Ucrania, David Holmes, declaró que tras terminar la llamada telefónica del 26 de julio con Trump, el embajador Sondland le indicó que el presidente de EE.UU. solo estaba interesado en un anuncio de Ucrania sobre investigaciones que incluyeran a los Biden.

Ante el Comité de Inteligencia y en otras presentaciones, funcionarios y ex funcionarios del Concilio de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo este gobierno también han desacreditado la teoría que ha querido investigar Trump y defendido republicanos del Congreso de que Ucrania interfirió con las elecciones de 2016.

“(Esa) es una narrativa de ficción” que ha sido promovida por el gobierno de Rusia, indicó Fiona Hill, experta en temas de Rusia y quien estuvo en el Concilio de Seguridad Nacional del gobierno de Trump hasta el verano pasado. “Desafortunadamente la verdad es que Rusia fue la potencia extranjera que atacó sistemáticamente nuestras instituciones democráticas. Eso no está en disputa”, agregó Hill.

Para el presidente del Comité de Asuntos de Inteligencia de la Cámara baja, el demócrata Adam Schiff (California), los hechos que han puesto en marcha la investigación formal para determinar si el presidente Trump debe enfrentarse a un proceso de destitución, no han sido refutados.

“¿Qué más se necesita mostrar a los republicanos?”, cuestionó el domingo Schiff en una entrevista con NBC.

Aunque no ha descartado continuar la investigación, Schiff confirmó que trabaja ahora en el informe a ser presentado ante el Comité de lo Jurídico, que deberá decidir si convoca a alguna audiencia y si presenta ante sus miembros cargos a favor de la destitución del presidente Trump.

Si los miembros del comité, dominado por los demócratas, votan a favor de llevar a Trump a un juicio político, el proceso quedaría entonces en manos del pleno de la Cámara baja.

Si el pleno de la Cámara baja – dominada por los demócratas 233 a 197, con un independiente y cuatro vacantes-, decide votar a favor del ‘impeachment’ en contra del presidente Trump, el juicio político tendría lugar, a principios de 2020, en el Senado estadounidense, controlado 53 a 47 por los republicanos.

El juicio político – que sería el primero en 21 años en contra de un presidente de EE.UU y solo el tercero en la historia de este país-, quedaría en manos del juez presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts.

En la Cámara baja, una mayoría de los legisladores puede aprobar el juicio político. Pero, en el Senado se requieren dos tercios de los senadores (67 de 100) para destituir al presidente de Estados Unidos.
Bajo la Constitución de EE.UU., destituir a un presidente es una decisión puramente política. El Congreso tiene que determinar si cometió “traición, soborno y otros delitos graves o menos graves”.

Hasta hoy, no hay un solo congresista o senador republicano que haya dicho que percibe que las actuaciones impropias del presidente Trump ameriten su destitución. Puede haber algunos que acepten que el presidente de EE.UU. actuó impropiamente, pero esos consideran que su desempeño en torno a Ucrania no debería significar revertir la decisión de los electores en 2016.

“Un delito que amerite la destitución (de un presidente) debe ser convincente, abrumador, claro e inequívoco”, dijo el jueves el congresista republicano William Hurd (Texas), un ex analista de la CIA que se retira del Congreso tras solo dos términos en la Cámara baja.

Tan pronto como esta Navidad, la Cámara baja puede tomar una decisión. Una opción ciertamente sería aprobar una resolución de censura, pero en este momento los miembros de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes parecen decididos a presentar cargos de destitución en contra de Trump.

Para Trump, la investigación de la Cámara baja es solo “una cacería de brujas” con propósitos partidos.

Para los demócratas, se trata de un abuso de poder que no se debe incentivar. Una conducta impropia que debe tener consecuencias.