Con el borrador de legislación del presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), comienza a aclararse el panorama de cuales son las discusiones entre ambas cámaras del Congreso en busca de lograr un acuerdo para el 21 de noviembre sobre los fondos de Medicaid para Puerto Rico y los demás territorios.

Mientras un proyecto bipartidista aprobado en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja federal propone una asignación de $12,000 millones para los próximos cuatro años fiscales federales, el anteproyecto de Grassley, el cual el gobierno de Puerto Rico habría conocido desde hace varios días, sugiere reducir el total de fondos a $9,814 millones.

Bajo la propuesta de Grassley, el gobierno federal financiaría el 70% de los costos de los servicios de Medicaid en Puerto Rico, por encima de la ley permanente vigente (55%) – que además impone un tope en las asignaciones-, pero por debajo de lo que recomienda el proyecto cameral (83% en 2020 y 2021, y 76% en 2022 y 2023).

Luego de Grassley haber pedido información al Departamento de Salud federal sobre el uso que se le ha dado a los fondos de Medicaid en Puerto Rico – tras los cargos por corrupción que involucraron a la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila -, su borrador ordenaría auditorias forenses anuales sobre el manejo de las asignaciones.

Si no se cumple con ese requisito, la aportación federal por servicio de Medicaid baja otra vez a un máximo de 55%.

El borrador de legislación de Grassley demanda además que el gobierno de Puerto Rico presente para el 20 de septiembre un plan de reforma del proceso de contratación para los servicios de Medicaid.

A su vez, la dirección de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) podrá revisar todos los contratos relacionados a Medicaid, y por ende el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que ha sido el eje de los cargos de corrupción que vincularon además a dos contratistas, Fernando Scherrer, hasta entonces director gerente de BDO, y Alberto Velázquez Piñol.

Tres meses después de la medida convertirse en ley, el pago promedio por servicios de Medicaid deberá cumplir con los requisitos que establezca el Secretario de Salud de EE.UU. Si no se cumple con esos objetivos, Puerto Rico se enfrentaría a un 20% de reducción en la aportación federal.

Las autoridades de la isla deberán rendir además informes anuales a los líderes de los comités del Congreso con jurisdicción primaria sobre el programa Medicaid explicando cómo han utilizado el aumento en los fondos. Ese lenguaje coincide con las medidas de control aprobadas en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja.

Pero, con diversos acentos, la medida cameral también buscaba auditar los sistemas de contratación y la administración financiera del programa Medicaid en Puerto Rico, por medio de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud federal.

El proyecto cameral requiere que la OIG del Departamento de Salud federal – un año después de que la medida sea ley-, desarrolle un plan de trabajo para “auditar e investigar la práctica de contratación relacionadas a Medicaid en Puerto Rico”. En dos años, además, la Oficina de Contraloría General (GAO), tendríaa que  emitir un informe sobre los procesos de evaluación de subastas y los procesos de otorgamiento de contratos, incluso los que no sean competitivos o requieran un proceso de solicitud de propuestas (Rfp).

También ordena poner en marcha un sistema de contabilidad para verificar cómo se manejan los programas y otra estructura administrativa que permita conocer los errores en los sistemas de pagos.

Los líderes del Congreso deberán buscar una solución al financiamiento de Medicaid, por lo menos a corto plazo, mientras intentan acordar el presupuesto del año fiscal federal 2020.

En septiembre, el Congreso y la Casa Blanca se pusieron de acuerdo pada darle continuidad en gran medida al presupuesto del año fiscal federal 2019 hasta el 21 de noviembre. Si no hay un acuerdo final, entonces deberá aprobarse otra resolución de presupuesto temporal.

El problema para Puerto Rico es que el abismo fiscal que causaría en el sistema de salud de Puerto Rico  el fin de los fondos no permanentes de Medicaid cada vez está más cerca. Originalmente, se pensaba que los fondos durarían hasta marzo o abril. Pero, se pueden agotar tan rápido como en febrero, si no hay nueva legislación federal.

Puerto Rico ha dependido desde principios de 2018 de los $4,800 millones asignados como fondos de emergencia por el Congreso tras el huracán María. Debido al agravamiento de la crisis fiscal que representó el huracán, el Congreso autorizó que mientras se utilizaba ese dinero, la aportación federal por servicios Medicaid fuera de un 100%.

Cuando se extendió el presupuesto federal vigente, se adoptó un lenguaje que ha permitido, además, seguir utilizando a un 100% el remanente de cerca de $400 millones de los $4,800 millones. Pero, ese dinero se puede agotar para el 21 de noviembre, pues el plan de salud del gobierno cuesta ahora alrededor de $230 millones mensuales.

Para entonces, de los fondos no permanentes, probablemente quedarían los $586 millones que no se han utilizado de la ley Obamacare y las asignaciones permanentes de Medicaid, unos $367 millones, y otros $56.5 millones del programa que en inglés se denomina “Enhanced Allot Plan”, según dijo durante el verano la directora interina de ASES, Yolanda García.

El problema es que sin autorización federal, los $586 millones de Obamacare no se pueden utilizar después del 31 de diciembre próximo, por lo que – a menos que se apruebe un nuevo lenguaje-, a partir del 1 de enero el gobierno solo contaría con los fondos permanentes, que de acuerdo a la información que ha provisto el gobierno de Puerto Rico serían unos $423.5 millones, que dan para solo dos meses del 2020.

Pueden variar estos números un poco más un poco menos, pero reafirman que el sistema de salud de Puerto Rico – que ha dependido de por lo menos $1,600 millones anuales previo al huracán María-, está muy cerca del abismo fiscal. Y que requiere acción del Congreso antes del receso de Navidad.