No importa lo que suceda en las elecciones legislativas del 6 de noviembre, el presidente Donald Trump y los republicanos van a poder ejercer mayor poder sobre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que le controla los asuntos financieros al gobierno electo de Puerto Rico.

Lo más probable es que, incluso, las elecciones den aún más espacio a Trump y sus aliados para escoger miembros del organismo que sean afines a sus ideas.

Bajo la ley Promesa, los nombramientos de los siete miembros de la JSF vencen a finales de agosto de 2019. Trump tiene en sus manos sacar del puesto a cualquiera de los miembros.

Pero, la ley establece que sus integrantes deben ser sustituidos utilizando la misma fórmula por la que fueron nombrados en 2016, que ha sido impugnada en los tribunales por la firma de inversiones Aurelius y el sindicato UTIER.

Tomando como base que la ley no le permite a Trump nombrar directamente a seis de los miembros, y que no requieren ser confirmados por el Senado – como ha advertido el abogado Rolando Emmanuelli, asesor legal de la UTIER-, lo primero que hay que hacer es recordar cómo fueron nombrados los miembros actuales.

Promesa le otorgó inicialmente al entonces presidente Barack Obama la posibilidad de someter los nombramientos al Senado, para confirmación, o nombrar uno directamente y escoger los otros seis de listas sometidas por los líderes del Congreso.

Con un Senado republicano y con el calendario legislativo en contra, Obama prefirió nombrar los miembros de la junta a base de las listas de candidatos sometidas por los líderes legislativos.

Bajo la ley Promesa, Obama tuvo que escoger seis de los miembros de listas que le propusieron el speaker cameral (2), el líder de la mayoría del Senado (2) y los portavoces de minoría del Senado (1) y la Cámara baja (1).

Una de las listas del speaker cameral debía ser de personas residentes en Puerto Rico.

La persona seleccionada directamente por Obama fue el banquero José Ramón González.

Mientras, Obama escogió como sugerencias del speaker Paul Ryan a José Carrión III y Carlos García. Carrión fue el candidato de Ryan residente de la isla. Andrew Biggs y David Skeel, por su lado, fueron propuestos por el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell.

Ana Matosantos fue la candidata de la líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi, y Arthur González la sugerencia del jefe de la minoría del Senado, Charles Schumer.

Emmanuelli sostuvo que la ley no le permite ahora a Trump seguir el proceso tradicional de nombramientos para la renovación de los puestos en 2019.

De cara a agosto próximo, es probable que Trump sustituirá a José Ramón González, quien fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y ahora es el principal funcionario ejecutivo del Federal Home Loan Bank de Nueva York, para ponerle su propio acento a la junta.

Cómo llenar los otros puestos dependería de las elecciones legislativas. Pero, lo que no hay duda, es que Trump controlará el proceso.

Las encuestas indican que si las elecciones fueran hoy los republicanos retendrían el control del Senado y los demócratas ganarían la Cámara baja.

Tomando como base ese escenario, si ninguno de los cuatro integrantes de la junta nombrados por republicanos decidiera dejar el puesto y Trump quisiera retenerlos, el presidente de EE.UU. tendría la oportunidad de reducir a uno el número de miembros designados por demócratas.

Trump pudiera entonces no solo cambiar a José Ramón González por un nombramiento de su confianza, sino sustituir a Ana Matosantos, quien ha sido combatida por bonistas y la única en expresar públicamente disidencia con los planes fiscales para el gobierno central y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Si los republicanos can en la minoría en la Cámara baja y Trump decide sustituir a Matosantos, le corresponderá al que sea el nuevo jefe del Grand Old Party (GOP) en ese cuerpo legislativo recomendar sus posibles sustitutos.

Con solo esos dos cambios, la JSF estaría entonces formada por seis personas nombradas por republicanos y quedaría Arthur González como el único recomendado por los demócratas. De acuerdo a la ley, las certificaciones de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico requieren el voto de cinco de los siete miembros de la junta.

El debate sobre los cambios en la junta, por lo pronto, son conjeturas. Hay muchos escenarios posibles dependiendo de quienes de los miembros actuales terminen quedándose para un segundo término.

Pero, solo un cambio en la mayoría en la Cámara baja traerá otras consecuencias.

Por ejemplo, mientras el liderato del Senado mira el asunto desde lejos, Carrión, como presidente de la junta, ha estado acostumbrado a mantener comunicación con las oficinas del speaker Ryan y del actual presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, Rob Bishop, a cuyas campañas ha contribuido económicamente.

Si Carrión decidiera quedarse en la junta y si siguiera como presidente, pudiera tener que rendirle cuentas a Pelosi y a Raúl Grijalva, quien sería el presidente del Comité de Recursos Naturales si los demócratas controlan la Cámara baja.

Bishop ha mostrado especial preocupación con el trato que se da a los bonistas en el proceso hacia la reestructuración de la deuda pública. En Grijalva, quien ha cuestionado las medidas de austeridad que se le imponen a la Isla, la junta puede tener, sin embargo, un supervisor con prioridades distintas.

En una carta enviada en abril pasado a la junta, el congresista Grijalva reclamó que ningún plan fiscal del gobierno de Puerto Rico de prioridad al pago de la deuda “por encima de la salud y el bienestar del pueblo”.

Más aún, Grijalva expresó entonces que “no debe haber ningún pago de deuda hasta que haya crecimiento económico sostenido”.

*Revisada para corregir la fecha de la expiración de los nombramientos.