El debate sobre las muertes ocurridas como consecuencia de la emergencia creada en Puerto Rico por el huracán María es reflejo de que el ciclón también se llevó, por meses, la transparencia en ese renglón.

Se necesitó un estudio de investigadores de la Universidad de Harvard y otras instituciones, como la Universidad Carlos Albizu  y que el gobernador Ricardo Rosselló fuera cuestionado dos veces, en un plazo de 12 horas, por CNN sobre la falta de información oficial, para que el Registro Demográfico de Puerto Rico divulgara el viernes en la tarde el total de muertes que tiene certificadas preliminarmente desde el azote de María.

Rosselló dijo el jueves en la noche y el viernes en la mañana que aquellos funcionarios de su gobierno que negaron a la Universidad de Harvard los datos oficiales sobre los certificados de defunción que tiene el Registro Demográfico, se enfrentarían a un “infierno”.

No sé si el gobierno ha dado fuego en las últimas horas a los funcionarios que tienen la tarea por ley – Departamento de Salud, Registro Demográfico-, o por orden ejecutiva – el secretario de Seguridad Pública-, de atender ese asunto. No sé si el gobernador ha estado furioso con ellos.

Lo que es un hecho es que la información no fue provista antes a los investigadores reunidos por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, ni tampoco a otros expertos que públicamente así lo han denunciado.

La directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, reconoce que sí habían compartido  datos con los investigadores contratados por el gobierno de Puerto Rico a través del Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad George Washington, que tiene a su cargo el conteo oficial de víctimas fatales del huracán y hasta ahora no ha producido resultados.

Según el gobernador, hay una orden ejecutiva que dictamina hacer pública las estadísticas sobre las muertes ocurridas después del huracán María. “Hemos abierto los libros”, dijo. Bueno, pues deben hacer pública esa orden ejecutiva.

La que se conoce, firmada en enero pasado, ordena al Secretario de Seguridad Pública a presentar en 90 días la información sobre las muertes ocurridas a causa del huracán y a las agencias del gobierno a cooperar con el funcionario. Como se sabe, un mes después, el gobernador le quitó esa autoridad al secretario Héctor Pesquera y encomendó el estudio, a un costo de $300,000, a la Universidad George Washington.

La encuesta de la Universidad de Harvard puso presión al gobierno, al advertir que las víctimas fatales del ciclón pudieran ser 4,645. Ese es el punto medio del “intervalo de confianza” del estudio que indica que los muertos relacionados al paso del huracán, incluyendo los que perdieron la vida por a falta de servicios médicos y acceso a electricidad, pudieran estar entre los 793 y los 8,498.

Todavía quedan asuntos por resolver, en espera de los análisis que hacen de cara a este verano el Instituto Milken de Salud Pública y para fines de año la Oficina de Contraloría General (GAO).  El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico ha tenido que ir a los tribunales para exigir que se divulguen diariamente los totales de las defunciones que ocurren el país.

Desde octubre de 2017, el  Centro de Periodismo Investigativo ha indicado que solicita la base de datos en torno a las causas de las muertes ocurridas después del huracán, además de los certificados de defunción y enterramiento. CNN ha hecho un pedido similar.

La directora del Registro Demográfico indicó ayer – en la declaración escrita que acompañó finalmente la divulgación de los totales de muertes certificadas de los últimos meses-, que la ley impide entregar certificados de defunción a menos que sea solicitado por los padres, el representante legal, custodio legal o tutor, o los herederos del difunto.

¿No se le hace accesible esa información a la Universidad George Washington? ¿Tampoco se le dará a la Oficina de Contraloría General (GAO) – que hará su propia evaluación independiente-, si la solicita?

Para el beneficio de la historia y de los investigadores, quizá hay formas de actualizar ese estatuto.

De acuerdo a los datos provistos por el Registro, en el último cuarto de 2017 hubo 1,397 más muertes que en los meses de septiembre a diciembre de 2016. Comparado el último cuarto de 2016 con el de 2015, la diferencia es de 627.

Solo entre septiembre y octubre de 2017 hubo 5,968 muertes en Puerto Rico, 1,214 más que en esos meses del año anterior.

Sean 800, 1,200, 1,400 o 4,000 las muertes ocurridas como consecuencia de la furia de los vientos, las graves inundaciones, el largo período sin electricidad, servicios médicos adecuados o transportación, la discusión acentúa cuan desconcertante es que el gobierno, seis meses después, no haya podido actualizar la cifra de 64 que dio en diciembre.

En alguna medida, la indignación que se percibe – que puede haber sido recogida en la encuesta de la Universidad de Harvard-, tiene su base en la crasa falta de lógica y coherencia en torno a la divulgación de la información oficial.