Esta semana rompe el cabildeo de la Comisión de Igualdad creada por el gobierno de Puerto Rico para avanzar en su objetivo de que el archipiélago puertorriqueño sea el próximo estado de EE.UU..

Atrás queda una especie de moratoria que ha habido sobre el debate de status después del huracán María, cuyas consecuencias – a 110 días del ciclón-, mantienen aún a 4 de cada 10 personas en Puerto Rico sin energía eléctrica.

La comisión viene a Washington – en cuya zona residen y trabajan dos de sus miembros, Luis Fortuño y Alfonso Aguilar-, para lo que describen será una “presentación de credenciales” ante funcionarios del Congreso.

No vienen a reclamar escaños del Congreso – como promueve la teoría del Plan Tenesí-, sino a impulsar la idea de que el gobierno federal acepte a Puerto Rico como estado 51, después de un plebiscito en el que en medio de un boicot de la oposición y con solo el 23% de participación, la estadidad obtuvo 97% de los votos.

El reclamo de estadidad de la comisión del gobierno de Puerto Rico se suma al que ha mantenido por tres décadas aquí la ciudad de Washington D.C., donde es inequívoco el respaldo a ser el estado 51 y sus “legisladores federales en la sombra” fueron elegidos por los residentes de la capital estadounidense, no designados como es el caso de los siete representantes del gobernador Ricardo Rosselló.

La Comisión tiene que esperar porque la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, presente un nuevo proyecto en busca de la admisión de Puerto Rico como estado 51. La comisionada ha indicado que someterá la medida a finales de este mes.

La legislación original de la comisionada González, que fue presentada el 4 de enero de 2017 y buscaba convertir a Puerto Rico en un estado efectivo en enero de 2025, tiene que ser enmendada pues estuvo basada en el supuesto de que el plebiscito de junio pasado estuviera apoyado por la ley federal de enero de 2014 que permitía al Secretario de Justicia de EE.UU. determinar si las alternativas de status eran constitucionales, y cumplían con la legalidad y política pública del gobierno federal.

A pesar de que el gobierno de Ricardo Rosselló aceptó incluir el territorio como alternativa de status – después de una primera evaluación de Justicia federal-, al final decidió no esperar por la certificación oficial del gobierno del presidente Donald Trump.

Cualquier cambio de status tendría que dejar atrás la ley Promesa, que impuso una junta de control que puede estar en funciones por lo menos hasta el próximo cuatrienio y dio paso a la creación de un proceso de reestructuración de deuda a través de un nuevo sistema judicial que solo puede existir bajo el status territorial.

El gobernador Rosselló ha anunciado que se propone acompañar al grupo de cabilderos estadistas. Y la comisionada residente en Washington ofrecerá un mensaje el miércoles en el hemiciclo para presentarles públicamente. Con excepción de Fortuño y el exgobernador Carlos Romero Barceló, que fueron comisionados residente en Washington y pueden tener acceso al pleno de la Cámara baja, los otros cinco miembros tendrán que observar el mensaje desde las gradas.

Tras el huracán María, poco se ha discutido en torno al status. Y está por verse la reacción a esta nueva ofensiva del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), en momentos en que aún se busca lograr las iniciativas federales que permitan un plan para reconstruir la Isla.

El gobierno se ha centrado en los trabajos inconclusos para devolverle la normalidad al país y entre los pocos que han hablado del tema en Washington después del plebiscito está el propio presidente Donald Trump, que fue preguntado del asunto cuando recibió al gobernador Rosselló en la Casa Blanca el pasado 19 de octubre.

¿Piensa que Puerto Rico debe convertirse en estado?, se le preguntó aquel día al presidente Trump.

“No estamos hablando de eso ahora. Me vas a colocar en problemas con esa pregunta ¿Correcto?”, respondió el presidente Trump, al pedirle al periodista que le lanzó la pregunta dejar el tema pendiente “para más tarde”.

El número dos de la minoría demócrata en la Cámara baja, Steny Hoyer (Maryland), quien favorece convertir a Puerto Rico en un estado, dijo en noviembre a El Nuevo Día que en estos momentos la atención debe estar en el proceso de recuperación y reconstrucción de la Isla.

Antes del huracán, estos habían sido los comentarios de miembros del Congreso sobre la estadidad o el plebiscito del 11 de junio pasado:

LISA Murkowski:   En julio, la presidenta del Comité de Energía y Recurso Naturales del Senado estadounidense dijo a El Nuevo Día que no tenía en el calendario de trabajo de su comisión revisar los resultados del más reciente plebiscito de status. “No tengo ningún plan en este momento”, dijo la senadora Murkowski (Alaska), cuya comisión tiene jurisdicción primaria en el debate sobre el status político de Puerto Rico y sobre cualquier proyecto a favor de la admisión de la Isla como estado 51 que promueva el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

MARÍA Cantwell– La portavoz demócrata en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, descartó a principios de septiembre, antes del huracán María, que hubiese espacio en la agenda de 2017 de su comisión para discutir el status de la Isla. “Creo que nuestra agenda de otoño está muy ocupada. Dudo que haya legislación moviéndose este año”, dijo entonces Cantwell (Washington), quien recibió al gobernador Rosselló días después del plebiscito de junio pasado.

NANCY Pelosi–  En julio pasado, al ser preguntada sobre los planes del gobierno de Puerto Rico de impulsar un proyecto de ley para admitir la Isla como estado 51, la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi (California), sostuvo que ese es un debate en el cual no quiere entrar. “El tema de la estadidad, el Estado Libre Asociado o la independencia tiene un nivel de política que no me es posible seguir”, dijo Pelosi.

STENY Hoyer– El portavoz adjunto de la minoría demócrata afirmó inmediatamente después del plebiscito que “los votantes que participaron en el referéndum sobre estatus de Puerto Rico expresaron un deseo no ambiguo de continuar en busca de un futuro en común con los Estados Unidos como un miembro igual de nuestra unión”. “Espero que el Congreso y la administración escuchen esas voces y posibiliten que Puerto Rico se convierta en el estado 51. Su Pueblo —ya de por sí ciudadanos americanos— desea una representación absoluta y equitativa en el Congreso, así como trato igual de las agencias federales”, indicó Hoyer (Maryland).

ROB Bishop– Tras el plebiscito, Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, ha evitado precisar si tendrá en agenda el debate de status, aunque la comisionada González ha advertido que el plan del comité siempre ha sido examinar el tema en una audiencia pública. Bishop convocó a dos audiencias sobre la situación en la Isla tras el huracán y ha tenido bajo examen el escándalo del contrato de la empresa de energía Whitefish.

RAÚL Grijalva–  El portavoz demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes mantuvo que el plebiscito de junio no puede ser un reflejo de que la estadidad es la alternativa de status favorita de los residentes de la Isla. “Con una participación de solo 23%, y los otros dos partidos boicoteando, queda la duda de si ese es el deseo fundamental del pueblo puertorriqueño. Lo que necesitamos es conocer lo que está ocurriendo con la ley PROMESA, como va a contribuir el gobierno federal a estimular la economía, fondos de Medicaid y Medicare, e invertir en infraestructura. Si hubiera cantado más claro el gallo, las cosas serían diferente”, indicó Grijalva (Arizona) a El Nuevo Día poco después de la consulta.

DOUG LaMalfa– Como presidente del subcomité de Asuntos Insulares y republicano por California, La Malfa indicó en junio que la baja participación de la consulta desincentiva alguna acción. “No creo que el voto (del 11 de junio) sea representativo de la gente en la isla”, indicó LaMalfa, quien considera que debe haber aún “mucha discusión” antes de celebrar una audiencia para discutir los resultados de la consulta.

NORMA Torres- La portavoz demócrata en el subcomité de Asuntos Insulares dijo después de la consulta de junio que se centraba entonces en la crisis fiscal de la isla. “Puerto Rico debe dedicarse a presentar un plan para salir de su crisis financiera. Convertirse en un estado con la deuda pública que tienen va a ser muy difícil”, señaló la demócrata Torres (California).

DIANE Black– La republicana Black, quien aspira a ser gobernadora de Tenesí, ha considerado un insulto que la petición de estadidad del gobierno de Puerto Rico se describa como un modelo similar al plan Tenesí que tuvo su estado para lograr la admisión a la Unión norteamericana. “Es un insulto a los patriotas que fundaron el Estado Voluntario”, indicó en twitter Black.

RON Wyden– El senador demócrata por Oregón y portavoz de la minoría en el Comité de Finanzas del Senado, salió en respaldo de la propuesta de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EE.UU..  Al otro día del plebiscito, Wyden afirmó que considera que la consulta de junio de 2017 fue “un mensaje claro” de que Puerto Rico quiere ir hacia la transición “del territorio a la estadidad”, pero considera que “aquellos que se benefician económicamente del ‘statu quo’ buscarán deslegitimar los resultados”.

DON Young–  El ex presidente del Comité de Recursos Naturales y decano de la Cámara baja federal fue a observar el plebiscito de junio. “Es momento de que dejemos de colonizar a Puerto Rico. Es tiempo de que reconozcamos a 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses. Es hora de que el Congreso de un paso adelante y haga su trabajo, que los convierta en el estado, como han reclamado”, dijo Young, congresista por Alaska y aliado por años del movimiento estadista de la isla.

SEAN Duffy– “Absolutamente”, dijo el republicano Duffy (Wisconsin), Puerto Rico debe encaminarse hacia la estadidad, tras el plebiscito de junio.

STEPHANIE Murphy –  La congresista demócrata Murphy (Florida) afirmó tras la consulta que después del voto del 11 de junio a favor de la estadidad en Puerto Rico, el debate futuro va a ser no si la Isla va a ser el estado 51 de Estados Unidos, sino cuando. “En nuestra democracia solo lo que emiten su voto, cuentan. Los que votaron en Puerto Rico votaron abrumadoramente a favor de la estadidad”, indicó Murphy.

JOAQUÍN Castro-  “Puerto Rico debe ser admitido como estado de Estados Unidos”, indicó Castro, demócrata por Texas, en un mensaje en twitter el mismo día del plebiscito.

STEVE Chabot– El  republicano Steve Chabot (Ohio) ha advertido que la propuesta de admitir la Isla como estado 51 se enfrenta a complicaciones político partidistas en el Congreso.  Chabot hizo referencia a las  dudas que genera dentro de la mayoría del Grand Old Party (GOP) la aparente preferencia de los boricuas de la Isla que se vinculan al proceso político estadounidense por los demócratas.

En Estados Unidos, los electores de origen boricua suelen preferir por mucho a los demócratas sobre los republicanos. Y en Puerto Rico, la participación electoral en primarias presidenciales ha sido últimamente 2 a 1 a favor de los demócratas. “Creo que los republicanos, por lo menos, van a pensar sobre eso”, dijo, al mencionar también la  posibilidad de que cinco estados pierdan representación si el Congreso rechazara aumentar de 435 a 440 el total de escaños en la Cámara baja para dar paso a cinco ‘congresistas’ de la Isla, bajo la estadidad.

JOSÉ Serrano– El demócrata boricua José Serrano (Nueva York) ha indicado que, junto a la consulta de 2012, el plebiscito de junio pasado reflejó que “la vasta mayoría de la población quiere un cambio” en el status político de Puerto Rico.

“Los resultados del plebiscito celebrado en Puerto Rico, combinados con los del referéndum de 2012, donde los electores votaron abrumadoramente a favor de poner fin al status territorial de Puerto Rico, muestran que una vasta mayoría de la población quiere un cambio”, expresó.

NYDIA Velázquez– La congresista demócrata boricua ha descartado que avance una propuesta de estadidad en este Congreso. “Cuando se trata de determinar su futura relación política con los Estados Unidos, el pueblo puertorriqueño necesita y merece un proceso abierto, inclusivo y transparente. Este plebiscito no cumplió con ese estándar y la baraja estuvo cargada durante todo el proceso”, indicó Velázquez (Nueva York).

LUIS Gutiérrez– El demócrata boricua Gutiérrez – quien tiene pendiente un proyecto de ley a favor de un plebiscito federal entre la libre asociación y la independencia, que no tiene coautor-, ha descartado que haya ambiente para la estadidad, menos en la era de Donald Trump. “Debemos empezar de nuevo, plantearnos como debe ser un proceso de descolonización y tener un diálogo abierto con audiencias públicas en Estados Unidos y Puerto Rico. Hay que entender la decisión de Justicia federal de incluir el ‘statu quo’.  Pero, la mayoría del pueblo rechazó la colonia en 2012. Esa es una verdad que estoy dispuesto a defender”, indicó Gutiérrez en junio pasado.

DARREN Soto–  Aunque tome “un poco de tiempo” lograr aprobar legislación para convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EE.UU., el congresista demócrata Darren Soto -el único que ha coauspiciado la legislación original de la comisionada González-, apoyó la estadidad. “La mayoría de los que participaron en el plebiscito votaron por la estadidad. Pero, la decisión va a ser del Congreso”, indicó Soto, primer legislador federal de origen boricua elegido por Florida.